Enseñanza militar

Mal que les pese a muchos de mis colegas y a bastantes políticos, algunos de los mejores colleges del mundo son academias militares: West Point en Estados Unidos (el presidente Dwight Eisenhower, como antes Ulysses Grant, se habían graduado en ella, pero no habré de ocultar que ni el escritor Edgar Allan Poe, ni el pintor James McNeill Whistler llegaron a hacerlo nunca); Saint Cyr en Francia (Charles de Gaulle); PLA en China (creada en 1985 a imagen y semejanza de West Point, lo que consigue, madre mía, el prestigio de un rival admirado), o Sandhurst en el Reino Unido (Winston Churchill y el rey Alfonso XII pasaron por ahí, no son buenas referencias para todos, temo, pero insisto en que hoy no me esconderé).

Las relaciones entre las academias militares y las universidades no siempre han sido fáciles. Recuerdo bien que dos decanos de la facultad de Derecho de Harvard (uno de ellos la actual magistrada del Tribunal Supremo federal Elena Kagan) pusieron en un brete a los servicios de reclutamiento del Ejército americano por su política oficial, desde 1993, hacia los jóvenes reclutas gay y lesbianas según la cual “nosotros no preguntamos (sobre tu orientación sexual), y tú no nos cuentas nada (sobre ella)”. Los decanos creían que era discriminatoria (y, efectivamente, lo era) y ponían trabas a las visitas de los militares.

Entonces terció el legislador y en 1996 el Congreso aprobó una ley que permitía retirar fondos federales a las instituciones académicas que se negaran a franquear el paso a los servicios militares de reclutamiento. En 2006 intervinieron los jueces y una sentencia del Tribunal Supremo federal (Rumsfeld v. Forum for Academic and Institutional Rights, Inc.) resolvió que la ley era constitucional. Por fin, en 2010, el ejecutivo de Obama cambió la política militar y los norteamericanos pudieron optar por la carrera de las armas con independencia de su orientación sexual y sin tener que ocultársela a nadie.

La polémica muestra que los roces entre universitarios y militares sobre cuestiones concretas no son necesariamente perversos. Generan competencia (siempre sana) entre las instituciones, permiten discutir y, al fin, alcanzar soluciones razonables. El problema surge, cuando las partes o una de ellas no aceptan debatir nada, sino que se enrocan en posiciones categóricas, una niega a la otra todo derecho a discutir, a participar y lo niega porque sí, por principio, por ser el otro quien es, un enemigo del orden social ansiado por las buenas personas, por aquellas que se autodeclaran complacidas poseedoras de la verdad.

Mas en la vida real, a ningún político norteamericano, chino, francés o británico con visión a largo plazo (esto es, estratégica) se le ocurriría sostener que su fe en la paz mundial pasa por que los militares hayan de estar separados a priori de toda iniciativa pública de difusión las distintas opciones educativas. Y en mi modesta opinión (sesgada, lo reconozco, pues cuento con un viejo título de oficial de complemento ganado, ay, no en grandes academias sino en modestos campamentos de verano) otra cosa sería liviandad: vengo ahora de Roma y de París y en ambas capitales la presencia bien visible del Ejército pone a sus habitantes al reparo de atentados que podrían causar muchos e irreparables daño a las personas y a las ciudades mismas, como ya ha sucedido varias veces, la última el pasado mes de noviembre en París).

Ojalá Barcelona se libre del terror en los próximos años. Pero si alguien, incluyendo a sus gobernantes, dice creer que nadie en el mundo ha tenido ya la ocurrencia de que podría poner una bomba en la Sagrada Familia o reventar una estación de metro, debería hacérselo mirar. Y si la idea es que las políticas públicas de separación de la educación militar reducen la probabilidad de un atentado y mejoran la paz mundial, entonces la pregunta es cómo el hecho de negarse al debate mismo sobre las distintas opciones vocacionales mejora la calidad moral y las habilidades de quienes optan por el oficio de soldado, es decir, por el oficio de quienes tienen que defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos.

Ocurre con esto de los militares un poco como con la policía y con los abogados: nadie querría ni vernos hasta que nos necesita. Pero cuando lo hace, entonces nos pregunta impávido por qué no estábamos allí cuando precisaban de nosotros. Lo hacían ya antes, ciertamente, pero no acertaban a reconocerlo. Así es mucha gente y así nos va. Que no empeore.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil de la UPF.