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Una madre en paro irá a prisión por robar 430 euros en ropa

Una asociación de Hortaleza pide firmas en Internet para aplazar la condena hasta que se le conceda el indulto

Esther Gabarre en la sede de la Asociación de Vecinos de Manoteras, en el distrito de Hortaleza.

El viernes Esther Gabarre debe entrar en prisión acusada de robar prendas por valor de 428 euros. La intención de esta viuda de 40 años era vender la ropa y sacar algún dinero para cubrir los gastos que supone tener cuatro hijas (dos de ellas menores), estar en paro y cobrar una Renta Mínima de Inserción de apenas 532 euros. El hurto lo cometió el 5 de enero en un centro comercial de Pinto y, dos días después, ya había sido juzgada y condenada a cuatro meses de cárcel. Sus vecinos del distrito de Hortaleza se han movilizado para evitarlo. Recogen firmas en Internet a través de la aplicación change.org (suman 134.000) para que el juez retrase su ingreso en la cárcel hasta que el Gobierno le conceda su indulto.

"La gente del barrio me apoya porque sabe que lo hago por necesidad", asegura Esther. La mujer explica que desde que una enfermedad se llevó a su marido en 2012 la ya difícil situación de la familia se agravó. "Solo trabajo días sueltos. Este es un barrio pobre donde muchas personas necesitan ayuda, por eso no puedo estar pidiendo todos los días. Se me ocurrió robar". No es la primera vez que lo hace. El pasado verano robó prendas por valor de 500 euros en El Corte Inglés, pero como no tenía antecedentes, en aquella ocasión no pasó nada. Ahora será diferente: "Sé que voy a entrar en prisión, pero espero estar el menor tiempo posible".

Esther certifica que no tiene miedo a la cárcel, pero que sí le preocupa que sus hijas se queden solas. Ella no tiene hermanos y apenas tienen relación con la familia de su marido. "Mi hija mayor tiene 20 años, pero es una niña". En casa habla poco del tema, pero alguna vez sale a relucir ante la inminencia de los acontecimientos. "Yo sé que lo que hice está mal, pero cuando tus hijas te dicen que tienen hambre y no hay nada en la nevera, no lo piensas".

Florencio, un jardinero del barrio que la conoce de toda la vida, la detiene en la calle para darle ánimos y ella, enfundada en una chaqueta negra, sonríe tímidamente. Otras dos mujeres le gritan exaltadas: ¡Esther!. Su rostro empapela los comercios de toda la zona. Su causa, es la causa del barrio, especialmente de la Asociación de Vecinos de Manoteras, que le presta todo el apoyo posible. Desde que el jueves pasado les comunicaron la sentencia, Ignacio Fernández, miembro de la organización, se ha convertido en su sombra. Suya fue la idea de crear una página para recoger firmas que impidieran a la condenada entrar en prisión. "La cárcel no es un correctivo, sino que va a empeorar la situación. Su entrada en ella provocará que salga peor de lo que estaba".

El joven activista, también en paro, asegura que la pena es desproporcionada y señala al mercado laboral como uno de los problemas de Esther: "Ser mujer y gitana dificulta la posibilidad de obtener un empleo digno". Ambos se conocen desde 2011, cuando Esther acudió a la Plataforma de la Vivienda de la asociación pidiendo ayuda. Acababa de ser desahuciada de una casa del IVIMA que pertenecía a su suegra. Cuando falleció, la entidad no subrogó el contrato porque ni ella ni su marido eran los titulares. Estuvo una semana viviendo en una tienda de campaña justo en la puerta del que hasta entonces había sido su hogar. "Tuve que marcharme porque me advirtieron de que me quitarían a mis hijas". Unos amigos les acogieron en su casa y, desde hace dos años, ocupa una vivienda vacía que pertenece a Bankia.

Petición de indulto

"Estoy muy arrepentida y avergonzada, no lo volvería a hacer, ya he aprendido la lección", asegura Esther. Para su abogado, Daniel Amelang, este es el primer paso para conseguir el indulto, que es "una forma de enmendar una situación de justicia pero no cuestiona la sentencia, que es correcta porque ha delinquido". El único requisito para conseguir el indulto es solicitarlo al Ministerio de Justicia, que lo propone en un Consejo de Ministros para aceptarlo o desestimarlo. No hay un plazo estipulado, aunque el proceso es largo y puede durar dos años. "Lo que hemos pedido al juzgado es aplazar la pena hasta que se resuelva el indulto", explica Amelang, que espera que su defendida no tenga que entrar en prisión.

Con esa ilusión siguen firmando miles de personas la plataforma de peticiones online. Ignacio Fernández, de la Asociación de Vecinos de Manoteras es más tajante: "Para los pobres es inflexible, pero a los que roban millones de euros para enriquecerse no les pasa nada. Solo los pobres entran en la cárcel. La justicia no es imparcial".

La asociación, una segunda casa

La Asociación de Vecinos de Manoteras, en el distrito de Hortaleza, cuenta con 420 socios que pagan una cuota anual de 22 euros al año. En su sede se ofrecen clases de inglés y pintura para los más pequeños y diferentes actividades para los mayores. Se apoya y asesora a los ciudadanos en diferentes situaciones, sobre todo a aquellos que lo pasan mal. La organización creó hace unos años la Oficina de Apoyo Mutuo (OFIAM), en la que participan medio centenar de personas con problemas de viviendas. El organismo intenta resolver el problema solicitando a Ayuntamiento y Comunidad una solución para las familias.

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