Transportes financió ilegalmente los autobuses de ocho pueblos

Ocho municipios de la región financiaron su servicio de autobuses urbanos e interurbanos en 2012 de forma irregular con dinero de la Comunidad de Madrid. Así lo indica un informe de la Cámara de Cuentas, que reclama a la Consejería de Hacienda que recupere los fondos entregados a estos Ayuntamientos o que les descuente las cantidades indebidas de las ayudas públicas que les corresponden por otros conceptos. Además, otros 34 pueblos no han aportado los fondos que les corresponden para mantener este servicio público. La Cámara pide que se adopten las “medidas que legalmente procedan”.

La Cámara de Cuentas, en su Informe de fiscalización sobre las cuentas del Consorcio Regional de Transportes (CRT) de 2012, ha hallado irregularidades en la financiación del servicio de autobuses interurbanos de ocho Ayuntamientos, además de destapar deudas millonarias en otros tres no satisfechas al Consorcio.

La auditoría pública recuerda que el Consorcio de Transportes (un organismo autónomo de la Comunidad de Madrid) aporta a los municipios dinero para que cubran la diferencia entre el coste real del billete de sus autobuses y lo que pagan los ciudadanos al subirse a ellos. Pero para ello, debe suscribir convenios con cada uno de los Ayuntamientos adheridos al ente y fijar los porcentajes de subvención. Aproximadamente el 50% del déficit de cada línea lo cubre el Consorcio; el resto, el municipio. El tanto por ciento final depende, entre otras cosas, de si los autobuses son de una empresa municipal o de una concesión o de si las líneas son urbanas o interurbanas.

Pero hay ocho Ayuntamientos que “no tienen formalizados convenios para su financiación conjunta con la CRT”, dice el informe de fiscalización, por lo que el Consorcio “está financiando injustificadamente la parte del coste del servicio de transporte urbano que correspondería financiar a estos [ocho] municipios si se hubiera aplicado el mismo criterio que al resto de Ayuntamientos”.

Los municipios a los que hace referencia la Cámara de Cuentas son: Pedrezuela, Torrejón de Ardoz, Cercedilla, Coslada, Meco, Morata de Tajuña, Las Rozas y San Fernando de Henares.

Pero además de estos pueblos, la Cámara ha detectado que había otros 34 Ayuntamientos, más la urbanización Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes), que debían dinero al Consorcio por este servicio. El principal deudor, dice la Cámara, es el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que debía 20 millones de euros, si bien existían otros cinco que debían también entre dos y seis millones de euros.

Los auditores aconsejan que si estos municipios siguieran sin pagar lo adeudado, la Consejería de Hacienda debía “instruir el procedimiento de compensación de transferencias” (restar la deuda a lo que la Comunidad les transfiere cada año) para “compensar los pagos hasta la cancelación” del importe debido.

En cuanto a los pueblos sin convenio, los auditores públicos señalan que, “a la vista de los kilómetros de líneas municipales, se observa que en 2012 la liquidación por kilómetro, de la que se parte para obtener el déficit de explotación, oscila entre los 6,4 millones de Torrejón y los 9,5 de Algete”.

Para determinar el déficit exacto de cada línea, en el caso de los municipios que tienen firmados los convenios, se realiza el cálculo de los costes de explotación y lo que abonan los usuarios en forma de billetes sencillos, abonos de transportes y cancelaciones de bonobús. De la cantidad resultante, los Ayuntamientos pagan el 50%. Pero en el caso de los municipios sin convenio, no hay documentación, por lo que la Cámara de Cuentas insta al Consorcio a que “realice las correspondientes indagaciones en orden a documentar la situación detectada” y cuantificar “los déficits de explotación del servicio de transporte municipal” para “determinar el perjuicio que ha irrogado a los fondos públicos y adoptar las medidas legalmente que procedan”.

La Cámara, que analizó las alegaciones del Consorcio y de los municipios que carecen de cobertura legal para reclamar financiación pública, sostiene que sus conclusiones no se han alterado sustancialmente porque lo alegado son “meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe” o “no justifican con documentación lo afirmado”.