Las entidades sociales critican por insuficiente el plan de choque de JxSí

La última oferta de plan de choque de Junts pel Sí a la CUP queda lejos de lo que el partido anticapitalista demandaba. Pero también las entidades y organizaciones sociales advierten de que el proyecto, dotado con 270 millones de euros, es insuficiente para afrontar la situación de emergencia social de la comunidad. La presidenta de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Teresa Crespo, criticó que el plan no incluya apenas novedades y lamentó que se opte por medidas de carácter “caritativo” en lugar de una “política global más efectiva”.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant advirtió ayer en una entrevista en Catalunya Ràdio que el plan de choque propuesto por JxSí está todavía lejos de lo que demanda la izquierda anticapitalista. El partido consideró durante la campaña que para atacar los problemas de fondo era necesario un programa dotado con unos 6.900 millones. Para aproximarse a JxSí, la CUP rebajó esa estimación a 3.000 millones, pero la coalición de CDC y ERC se ha plantado en 270 millones. La dotación final es un 96% inferior a lo planteado al principio y un 91% menos de lo que pidió al comienzo de las negociaciones.

Las entidades sociales consideran insuficientes las medidas. Teresa Crespo lamenta que trate de “vestir cosas antiguas para que parezcan nuevas”. “No se trata de poner paños calientes ni de recuperar medidas de planes anteriores que no se han cumplido. Hay que llevar a cabo una estrategia global, con políticas efectivas”, asegura Crespo. El presidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector, Oriol Illa, considera que el plan es “necesario” pero muy “modesto”. “Es un plan estrictamente de choque que ataca lo que ya se ha ido acordando en el primer semestre del año, pero no combate la desigualdad y cuantitativamente es insuficiente dada la situación que vive el país”, afirma.

Las entidades critican que el plan de choque condicione al sí de la CUP la aplicación de la ley 24/2015 de medidas urgentes para la vivienda y la pobreza energética. “La ley está totalmente vigente. De hecho estamos haciendo formación en los ayuntamiento, pero las administraciones la están aplicando muy a cuentagotas”, explica el portavoz de la Plataforma Antidesahucios (PAH), Carlos Macías, quien también es crítico con la medida genérica de “aumentar el parque público de vivienda” para acercarlo a las dimensiones del que tiene la Unión Europea con una partida de 10 millones. “En Cataluña supone el 1% de todo el parque de vivienda, mientras que el en Europa es el 18%”, recuerda.

El plan de JxSí señala que, en caso de investir a Mas, la aplicación de esa ley será una de las primeras medidas que se adoptarán, junto a cobertura del 100% del coste de las becas comedor para “niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad”. Ahí las entidades y la oposición recuerdan que en el pleno de la pobreza ya se arrancó esa medida. “Ahora hay familias que cumplen con los criterios de los baremos para recibir la beca y no son beneficiarios porque no se pone más dinero para ese fin”, denuncia la diputada socialista Eva Granados.

Pero para las entidades el Ejecutivo tiene también un problema de credibilidad. Tal es el caso de la propuesta para reformar la renta mínima de inserción. Crespo aplaude que cubra a personas que tras 60 meses sigan en la misma situación que cuando la solicitaron. “Los recortes de 2011 fueron importantes y aún no hemos recuperado los 33.000 expedientes que había entonces. Entonces ya me dijeron que la reformarían, pero estamos en 2015 y la pobreza se ha agravado”, recuerda.

Sin políticas de empleo

Las organizaciones sociales critican que el plan no incluya medidas para fortalecer el tercer sector, que durante la crisis ha asistido las situaciones de emergencia, ni políticas de empleo, más allá del salario mínimo interprofesional de 1.000 euros tras alcanzar una eventual independencia. Es más, Illa considera que la cartera de Empleo debería estar en el área social y no económica.

Los sindicatos tampoco están de acuerdo con el plan de JxSí. Joan Carles Gallego, secretario general de CC OO, lo tachó de “insuficiente”, mientras que Xavier Casas, de UGT, lamenta que el plan se limite a decir que el Gobierno se “abstendrá” de rebajar salarios a funcionarios cuando en la mayoría de administraciones se está abordando cómo recuperar lo perdido en los últimos años.