Pérdida de confianza

La política catalana de los últimos años ha estado caracterizada por un proceso modélico de reivindicación democrática mediante el cual una parte significativa de su población expresaba su malestar con el actual statu quo de las relaciones entre Cataluña y España y reivindicaba un cambio radical de modelo. Este proceso era visto fuera de nuestras fronteras con una mezcla de sorpresa, admiración y simpatía aunque, lamentablemente, siempre ha encontrado una respuesta inmovilista por parte del PP. Por fortuna, mientras los políticos eran incapaces de ponerse de acuerdo, la vida económica seguía con normalidad sin que este proceso pareciese afectarle en exceso.

Durante la campaña electoral de las últimas elecciones catalanas, este clima empezó a cambiar y ya entonces se empezaron a oír algunas voces de preocupación ante el posible riesgo de males mayores si la situación seguía radicalizándose, pero sin mayores consecuencias. Barcelona y su área de influencia económica continuaban siendo un lugar atractivo para vivir e invertir, a pesar de elementos tan negativos como la elevada carga fiscal que sufre, por comparación, tanto con otras zonas de España como de Europa.

El escenario ha cambiado desde la desafortunada declaración unilateral de independencia del pasado 9 de noviembre, de consecuencias tan nefastas como inútiles. Lo que hasta entonces había sido visto por los inversores como un proceso ejemplar ha pasado a ser percibido como una verdadera amenaza. No hay que ser muy avispado para entender que si algo no desea un inversor son riesgos y sobresaltos, y una declaración unilateral de independencia, que se apoya y recoge elementos del ideario antisistema, no resulta precisamente una noticia tranquilizadora y atractiva.

Lo que es innegable es que la percepción de riesgo de nuestra economía ha aumentado

Durante meses, a la pregunta de si los despachos estábamos recibiendo consultas acerca del posible impacto que el proceso independentista catalán podía tener en el marco inversor, la respuesta era siempre negativa. Ya no podemos decir lo mismo. En las últimas semanas, y por primera vez desde que empezó todo el proceso independentista, hemos empezado a recibir consultas acerca del clima inversor en Cataluña y del posible impacto que para una hipotética inversión puede tener una hipotética separación unilateral no pactada. El mayor problema es que dichas consultas han sido formuladas no en un proceso de deslocalización desde Cataluña al resto de España, sino en un proceso de elección a nivel europeo. En esos procesos, actuaciones de este tipo dan motivos para decantarse por otra ubicación, con lo que la pérdida de la inversión no solo es perjudicial para la economía catalana, sino para la española en su conjunto.

Habrá quien diga que esto forma parte del anecdotario y que, en realidad, no son tantas consultas. Quizás no les falte razón, pero lo que es innegable es que la percepción de riesgo de nuestra economía ha aumentado. Esta situación es muy preocupante, ya que se tarda muy poco en destruir la confianza inversora desarrollada a lo largo de muchos años, y su posible recuperación puede tardar décadas o llega a ser imposible.

Sorprendentemente esto es algo de lo que los políticos españoles no parecen darse cuenta, limitándose a mostrarse alborozados con cada fuga de capital que se produce desde Cataluña hacia Madrid. Si bien es cierto que una parte de esta fuga obedece a razones de índole política, la mayoría son de índole económica, como consecuencia del insoportable centralismo de la economía española y que también está afectando al resto de España, que a este paso va a quedar como un solar, con toda la riqueza concentrada en el entorno de Madrid.

La pérdida más importante que produce la inseguridad jurídica catalana es la de aquella inversión que no llega y decide marcharse a otros países. Es esta la que por desgracia está empezando a producirse como consecuencia del lamentable espectáculo político de las últimas semanas en Cataluña. Esperemos que el dogmatismo de la CUP nos ayude a que no haya entendimiento político y se produzcan nuevas elecciones anticipadas que permitan que el marco político vuelva a ser estable y seguro para las inversiones y para la riqueza y empleo que suponen.

Agustín Bou es presidente de bufete de abogados Jausas