25 años de aluminosis en el Turó de la Peira

“Fue el precio a pagar del desarrollismo, una chapuza del Franquismo que se comió la democracia”. Es la síntesis que la periodista Laura de Andrés hace del drama que el barrio del Turó de la Peira afrontó cuando el 11 de noviembre de 1990 se hundió el número 33 de la calle del Cadí. Un hundimiento que provocó la muerte de una vecina, Ana Rubio, y que constató lo que los vecinos llevaban años sospechando: el barrio de 196 edificios y 4.000 viviendas levantado por Román Sanahuja entre 1953 y 1961 se deshacía como un azucarillo por culpa del cemento aluminoso (mal) usado. En los siguientes 13 años 11 manzanas con 142 edificios tuvieron que ser completamente rehabilitadas y se derribaron y volvieron a levantar cinco manzanas (54 edificios).

Los vecinos convivían con 2.000 puntales en sus pisos on el sentimiento de humillación de quien había puesto su ilusión en una vivienda en la que entraron procedentes de una chabola

Han pasado 25 años y de Andrés reconstruye la historia del Turó de la Peira en Vides Apuntalades (Editorial UOC). No sólo de cómo lo afrontaron los vecinos. Sino del contexto en el que se levantó a toda velocidad un barrio para dar cobijo a barraquistas de Barcelona: “El barraquismo horizontal se sustituyó por otro vertical”, afirma la autora. Chabolistas procedentes del éxodo del campo que fueron duramente tratados hasta el punto de que en 1949 el Ayuntamiento creó el Servicio Municipal para la Represión de Nuevas Barracas y Ampliación de las existentes. Y mientras con una mano reprimía, con la otra, la Administración, presionada para dar respuesta a la migración, abría la mano a la incorporación de la iniciativa privada en la política de vivienda “de renta limitada” y redactaba un Plan Parcial a medida de Sanahuja.

La autora reconstruye, apoyándose en testimonios, la asociación de vecinos, archivos y hemeroteca, cómo Sanahuja empleó para construir viviendas un cemento, el aluminoso, que aceleraba 28 veces los plazos de construcción del portland —que Francia había casi prohibido desde 1943 para hacer obra pública— y encima lo usó mal; por más que su proveedor, Cementos Molins, aseguró que las instrucciones en los sacos eran correctas.

El reportaje recuerda cómo las administraciones ignoraron las alertas de los expertos en construcción; evoca las quejas no escuchadas de vecinos humildes cuando vieron que el barrio se resquebrajaba entre manchas de humedad y ruidos sospechosos; y rememora casos de hundimientos de edificios y escuelas en países europeos en los 70.

En 1989, a instancias del colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento hizo un estudio demoledor que cifraba en 400 las viviendas deterioradas y alertó de que serán necesarios “mil millones de pesetas para reparar el envejecimiento prematuro”. Tras el hundimiento del 11 de noviembre de 1990 las Administraciones se cruzaron reproches que escondían “el verdadero quid de la cuestión: ¿quién pagaba el desastre?”, dice de Andrés, que en el libro documenta el rastro de la aluminosis en el conjunto de Cataluña. Solo en el Turó había lesiones en el 43% de los forjados.

El caso de la aluminosis del Turó de la Peira se archivó en 1993 sin culpables. “El juez no halla razones de peso para que nadie pague las consecuencias penales del siniestro”, escribe de Andrés. Las Administraciones no estaban obligadas a inspeccionar las viviendas. La Generalitat no difundió una circular informativa sobre el uso de cemento aluminoso porque no estaba obligada jurídicamente a hacerlo. Cementos Molins vendía un cemento con la patente en regla y autorizado. Tampoco se responsabiliza a Sanahuja, pese a que el juez entiende que “los cementos fueron mínimos y hechos deficientemente” y que si la relación entre agua y cemento hubiera sido adecuada y los áridos no hubieran sido graníticos “casi con toda seguridad no se hubiera producido el hundimiento del edificio”.

El caso de la aluminosis del Turó de la Peira se archivó en 1993 sin culpables. “El juez no halla razones de peso para que nadie pague las consecuencias penales del siniestro”.

Mientras, en el Turó los vecinos convivían con 2.000 puntales en sus pequeños pisos y muchos con el sentimiento de humillación de quien había puesto todos sus esfuerzos e ilusión en una vivienda en la que entraron procedentes de una chabola. Emocionantes testimonios que recoge de Andrés en Vides apuntalades. Como el de José Molina: llegó al Turó con cinco años procedente de La Perona, creció en el barrio, presidió la Asociación de Vecinos, se hizo abogado y acabó ejerciendo de abogado contra Sanahuja. “El Turó fue víctima de la desidia y la corrupción del Gobierno franquista que sabiendo que el cemento no se podía utilizar lo permitió para hacer vivienda ante la necesidad imperiosa de alojar a las hornadas de inmigración de los 40, 50 y 60 a cualquier precio y no teniendo en cuenta las mínimas garantías de calidad”. “No se pudo inculpar a nadie porque entre todos la mataron y ella sola se murió”, dice quien representó a los vecinos “con la presión de tener todo un barrio detrás y de querer responder con rigor”.

Antonio Silva, actual presidente de la asociación, que durante décadas tuvo una zapatería en el barrio, subraya tres cuestiones: lo que consiguió la lucha vecinal, “el miedo que todavía tiene mucha gente que no quiere hablar”, y lo que “ha ganado el barrio” tras el desastre: “un ambulatorio, dos centros cívicos, aceras decentes y ocho bloques nuevos”.

Con Vides apuntalades, Laura de Andrés cierra la trilogía que arrancó con los anteriores libros sobre el estraperlo (El preu de la fam) y las barracas (La lluita dels invisibles). Siempre con el mismo objetivo: ¿Cuántos años tienen que pasar para que podamos hacer memoria histórica? “Los hechos recientes son difíciles y dolorosos de estudiar. Hay que respetar a quienes no quieren hablar, hay que dejar cerrar heridas, pero también dejar hablar a quien quiera", afirma. Y lamenta que además de la herida, los vecinos tengan que soportar el estigma de ser “del barrio de la aluminosis”.