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Ciudadanos obliga a Cifuentes a publicar todos los documentos del Gobierno

El partido exige que se eliminen antes de febrero las trabas para acceder a “toda información elaborada con presupuestos públicos” y que se detalle el contenido de la agenda y las reuniones del Gobierno, incluida la de la presidencia regional

Aguado saluda a Cifuentes el 24 de junio, día en que fue investida presidenta regional gracias a Ciudadanos. Ampliar foto
Aguado saluda a Cifuentes el 24 de junio, día en que fue investida presidenta regional gracias a Ciudadanos.

Ciudadanos considera “imprescindible” que la Comunidad de Madrid ponga en marcha antes de febrero de 2016 un anteproyecto de ley de transparencia en la que se eliminen las trabas generalizadas que dificultan el acceso a “toda información elaborada con presupuestos públicos”. El líder autonómico de Ciudadanos, Ignacio Aguado, exige además que se detalle el contenido de la agenda y las reuniones del Gobierno, empezando por quien presida la región. Cristina Cifuentes (PP) fue investida presidenta de Madrid gracias al respaldo de Ciudadanos y necesita su apoyo para aprobar los presupuestos de 2016.

Uno de los parlamentos más opacos de España

La opacidad ha caracterizado la gestión de la Comunidad en las últimas legislaturas. La Asamblea figura entre los parlamentos menos transparentes de España, con una puntuación de 51,3 sobre 100 posibles según Transparencia Internacional. El hemiciclo madrileño solo queda por delante de Murcia (42), Canarias (42,3) y Baleares (45). Los Parlamentos menos opacos son los de Cantabria (98,8) y Navarra (87,2).

Uno de los casos más extremos de la legislatura pasada fueron las trabas reiteradas del Gobierno regional a contestar las 3.000 preguntas que Teresa González Ausín, diputada socialista, presentó entre agosto y octubre de 2013 sobre los 32 programas del Sermas (lavandería central, listas de espera, etcétera). Muchas trataban de partidas que inicialmente no contaban con una dotación presupuestaria. El Gobierno no respondió a ninguna de las cuestiones. Su argumento fue que una partida presupuestaria que inicialmente no está dotada de fondos no existe y, por tanto, no cabe pregunta.

El partido de Albert Rivera considera “imprescindible” el desarrollo autonómico de la Ley de Transparencia nacional, “mejorándola incluso”, para acabar con la fama de opacidad de la Comunidad. Para convertir a Madrid en una de las autonomías “a la vanguardia” en este campo Ciudadanos propone ir “más allá de los mínimos legales”. Por ejemplo, asociaciones civiles “expertas e independientes” serían las encargadas de establecer indicadores y realizar auditorías que permitieran medir y evaluar el grado de transparencia de cada organismo público.

También se crearían equipos que velaran por la transparencia en cada organismo del Ejecutivo madrileño. “La idea es que haya uno en cada consejería del Gobierno”, observa Aguado. La responsabilidad política para garantizar la transparencia de la Administración sería “al más alto nivel”, añade. Y, por extensión, se tendría que idear un régimen efectivo de sanciones jurídicas en caso de que incumplirse la ley.

Igualmente sería público el contenido de las agendas y de las reuniones que celebren los altos cargos del Ejecutivo autonómico, desde la presidencia regional a los consejeros, viceconsejeros y directores generales, así como los nombres de los asistentes y su objeto. “La transparencia no radica solo en cuánto cobra el consejero, el viceconsejero o un director general. Es mucho más importante conocer con quién se reúne y a qué acuerdos llegan”, recoge la propuesta de transparencia elaborada por Ciudadanos.

El personal nombrado a dedo en la Comunidad se desconoce, de ahí que junto al organigrama de cada consejería, se publicaría la relación de asesores y cargos de confianza adscritos a cada alto cargo. “La opacidad es brutal en este sentido, que un cargo sea de confianza no significa que no se informe al respecto”, se muestra rotundo Aguado.

La pretensión de Ciudadanos de que la función pública se ejerza con “transparencia total” tendría contadas excepciones. El derecho de acceso a la información podrá ser restringido total o parcialmente y con carácter excepcional en caso de que suponga un perjuicio a la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; y el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Los límites serían "justificados y proporcionados", puntualiza Aguado. En el caso de la agenda del Gobierno, las excepciones serían las vinculadas a la seguridad nacional o pusieran en peligro la vida de los implicados.

Más control de los contratos públicos

  • La Comunidad informaría de forma trimestral de las razones de los posibles desvíos presupuestarios, muy habituales los últimos años.
  • El Gobierno tendría que dar publicidad a los contratos mediante procedimientos negociados, aun cuando la ley no lo exija.
  • El Ejecutivo daría cada mes la documentación de los contratos registrados a mes vencido a la mesa de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Parlamento.
  • El reparto de la publicidad institucional por cabeceras sería público, así como los criterios tenidos en cuenta a la hora de establecer la distribución final de los anuncios. La distribución de la publicidad institucional se basaría en criterios de eficiencia.

Un ejemplo sintomático del oscurantismo con que ha actuado el Gobierno regional es que Ignacio González (PP) se comprometiera en una fecha tan tardía como el año 2012 a que se fiscalizaran las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), al que se destina casi la mitad —más de 7.000 millones anuales— del presupuesto regional y donde los desvíos millonarios entre lo presupuestado y lo ejecutado son ya una tradición. El presupuesto de Sanidad entró a formar parte de la Cuenta General en 2013, lo que en la práctica significó que la información llegaría, por primera vez, a la oposición. Antes, solo estaba disponible el presupuesto inicial, pero no la liquidación. EL PAÍS publicó la semana pasada cómo se presupuestó al Sermas 500 millones menos de los que gastó en 2014.

Presupuesto ejecutado

Ciudadanos exige que se publique la ejecución presupuestaria “en formatos reutilizables al mismo nivel de detalle y misma estructura” que los presupuestos regionales. “En Madrid son palpables los problemas de acceso a la información presupuestaria. Cuando el Gobierno te responde con un documento escaneado, en el que ni siquiera puedes realizar búsquedas, lo que está haciendo es dificultar la labor de control en la Asamblea”, razona Aguado. “Se podrá acceder a cualquier información con independencia del formato en el que esté almacenada, y preferentemente, se facilitará el acceso electrónico a la misma, en formato abierto”, pretende Ciudadanos. Además, los límites de acceso “serán siempre entendidos de forma excepcional”.

Para Aguado también es “prioritario” reforzar los límites a la puerta giratoria, haciendo explícita la incompatibilidad de los miembros del Gobierno de pertenecer a los consejos de administración de las empresas, o sus filiales, que hayan firmado con la Comunidad contratos relacionados con el ejercicio del cargo político.

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