Siete Ayuntamientos investigan sus contratos con la trama Púnica

Un año después de las detenciones de la trama de corrupción Púnica, siete Ayuntamientos de la región —la mayoría antes en manos del PP— abren o reabren comisiones de investigación, con las que pretenden determinar si se cerraron con empresas implicadas en la red contratos que no se atienen a la legalidad. Supuestamente, según el sumario del caso, las firmas pagaban mordidas —por valor del 2% del contrato— a alcaldes a través de la mediación de Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, y de un constructor.

En noviembre de 2014 el PP paró en la Junta de Portavoces de la Asamblea que esta investigase la red Púnica. Hoy, en minoría, no va a poder frenar que miembros de su partido desfilen por la Comisión de corrupción. Podemos ha pedido la comparecencia por Púnica de la expresidenta Esperanza Aguirre, del exlíder socialista Tomás Gómez y de Granados.

• Valdemoro. La corporación, con la abstención del PP, ha aprobado una comisión que analice la deuda de 91 millones generada en los dos últimos mandatos y que podría estar salpicada por la trama, ya que dos alcaldes populares, José Miguel Moreno y José Carlos Boza, se encuentran imputados. Es también la localidad (73.000 habitantes) de Granados. Hubo una primera comisión que resultó un fiasco. Las placas de los regidores se han quitado de las calles.

• Móstoles. En la primera comisión, bajo gobierno del PP, se vetó la comparecencia del anterior regidor, Daniel Ortiz, y de Alejandro Utrilla, un concejal imputado en el caso. El municipio (205.700 habitantes) adjudicó a Cofely en mayo de 2014 un concurso energético de 72 millones de euros. Para PSOE, IU y Ganar Móstoles, la comisión se “cerró en falso” porque se impidió examinar los contratos con la empresa de fiestas Waiter Music y con Atención Social y Estancias Residenciales (Asersa), empresas que se relacionan con Púnica. A mediados de septiembre, ya con regidor socialista, se ha partido de cero.

• Getafe. Hace un mes que empezaron los trabajos de la comisión encargada por Sara Hernández, alcaldesa de la localidad (173.000 habitantes) y secretaria general de los socialistas madrileños. Getafe adjudicó a Cofely un contrato de 1,2 millones de euros en 2009 —cuando aún gobernaba el PSOE— y otro de 164.000 euros en 2013 (ya con el PP de Juan Soler). También hay relación contractual con Waiter Music. Las actas de los encuentros, que son a puerta cerrada, se colgarán en la web de transparencia.

• Madrid. A petición del PSOE y con el respaldo de Ahora Madrid, la capital ha abierto una “investigación interna” de sus contratos, y si encuentra indicios dará paso a una comisión. Cofely logró contratos por 239.00 euros y Waiter Music por 145.000 euros en las fiestas de La Paloma.

• Leganés. A petición de IU y Leganemos, se ha inaugurado una comisión que indagará en los contratos a Cofely y Waiter. El nombre de algún concejal del PP aparece en el sumario de Púnica, pero su partido recuerda que nadie ha sido imputado. El PSOE tiene hoy el bastón de mando de este municipio de 186.700 vecinos.

• Alcorcón. Hace 20 días se constituyó la comisión de esta ciudad de 170.400 habitantes. El consistorio va a investigar las adjudicaciones en fiestas a Waiter por 550.000 euros y dos contratos menores a Colefy. Ciudadanos preside la comisión en una localidad que sigue en manos del PP. El partido recuerda que la Justicia ni ha registrado ni pedido ningún papel al Ayuntamiento en estos meses.

• Hoyo de Manzanares. Por los votos en contra de la oposición y de un concejal popular el municipio (7.800 residentes) no llegó a firmar bajo gobierno del PP un contrato energético de cinco millones de euros por 15 años con Cofely. Una comisión estudia desde septiembre cómo fueron las gestiones. El PP sigue en el poder, pero ha perdido la mayoría absoluta.

En Alcobendas (PP), con contratos de publicidad en entredicho, ha caído el saco roto la propuesta de Podemos de crear una comisión. Mientras que Alcalá, de nuevo socialista, se centra en la Operación Flauta, una supuesta corrupción que implica a la exconcejal de fiestas del PP Virginia Sanz. Aranjuez (PSOE) enviará a la fiscalía los contratos por 710.000 euros con Waiter, que tenía allí su sede.