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La Sindicatura dice que hacen falta 114 millones más para dependientes

La auditoria sobre las prestaciones está realizada sobre los presupuestos de 2014

La Generalitat necesitará 114,6 millones de euros adicionales cada año para atender la ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, según la Sindicatura de Comptes, que ha realizado una estimación de las necesidades presupuestarias del área de bienestar social.

Es una de las conclusiones incluidas en el informe de la Sindicatura Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia, que evalúa con criterios de eficiencia, eficacia y economía el Programa de Ordenación y Prestaciones de la Dependencia, que contó en 2014 con un presupuesto de 128,83 millones de euros, lo que representa el 18,3% del total de la entonces denominada Consejería de Bienestar Social.

Así, el estudio analiza el nivel de implantación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, donde de los 96.610 reconocimientos de dependencia solicitados, se han emitido 93.075 dictámenes que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación, según la Sindicatura. A fecha de 31 de octubre de 2014, 12.816 personas con derecho a prestación se encontraban pendientes de su concesión, lo que, no obstante, supone un 56,9% menos que tres años antes.

Como conclusión, la Sindicatura afirma que sería necesario dotar a la Consejería de un crédito presupuestario anual adicional de 114,6 millones de euros, mientras que destaca que en 2014 se reconocieron obligaciones por prestaciones económicas por 123,8 millones. Además, subraya que el esfuerzo económico de la Comunidad por beneficiario es superior a la media nacional, con 11.639 euros frente a 9.664, según datos de diciembre de 2012.

En relación a los recursos financieros necesarios para atender las prestaciones a dependientes, la Sindicatura ha explicado que, una vez que la Consejería haya resuelto la totalidad de las solicitudes, "la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios".

En consecuencia, esta institución ha abogado por la necesidad de adoptar las medidas necesarias para "agilizar" el procedimiento actual de reconocimiento de la situación de dependencia, ya que en el 82% de los expedientes analizados se incumple el plazo de seis meses para dar respuesta a la solicitud.

Esto supone, según la Sindicatura, "incurrir en un plazo excesivo por la complejidad del procedimiento, que, sin embargo, se ha ido reduciendo en los últimos ejercicios". "Lo mismo ha ocurrido con el plazo de pago de las obligaciones reconocidas", ha apuntado, que ha situado en 14 días, con una reducción de 71 días respecto a 2012.