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Cinco claves para entender la causa judicial del 9-N

El juez instructor tiene que decidir si archiva la causa o abre juicio oral

Irene Rigau acompañada de todo el Gobierno catalán.
Irene Rigau acompañada de todo el Gobierno catalán.

Tres miembros del Gobierno catalán (el presidente, Artur Mas, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega) pasarán entre este martes y el jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar sobre la organización de la consulta sobre la independencia el 9 de noviembre pasado. Estas son las claves del caso.

¿Cuál es el origen? El Tribunal Constitucional vetó el referéndum programado por el Gobierno catalán sobre la independencia. El Ejecutivo de Artur Mas reaccionó y decidió llevar a cabo una consulta alternativa (el "proceso participativo") que, igualmente, recibió a última hora el veto del Constitucional. Aún así, el presidente sacó las urnas a la calle el 9 de noviembre del 2014.

¿Quién puso en marcha la causa? La Fiscalía abrió diligencias antes de que se hiciera la consulta del 9-N. Unos días después, presentó formalmente la querella contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por cuatro delitos. Los fiscales catalanes no veían suficientes argumentos para acusar a Mas, pero la Fiscalía General del Estado impuso finalmente su criterio y presentó la querella.

¿Qué delitos se les imputa? La querella de la Fiscalía habla abiertamente de cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Algunos de esos delitos (como la malversación de fondos públicos) comportan incluso penas de prisión, pero el vínculo en común es que todos implican, en caso de condena, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

¿Qué se ha investigado? Cuando la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió la querella el pasado diciembre de 2014, el juez instructor empezó a practicar diligencias a petición de la Fiscalía. Hasta ahora se han citado algunos testigos (como directores de centros que cedieron los locales para el día de las votaciones) y se ha analizado documentación sobre la organización (confección de papeles, mantenimiento de la web) del 9-N.

¿Y después de las declaraciones, qué? La Fiscalía había pedido citar a declarar a Mas, Ortega y Rigau cuando interpuso la querella. El TSJC, en cambio, no lo decidió hasta nuevo meses después, dos días después de las elecciones del 27-S. Un vez concluida la declaración de Mas (jueves), se tendrán que practicar diligencias todavía pendientes. Por ejemplo, la declaración como testigo de la directora de un instituto de l'Hospitalet de Llobregat, que denunció presiones para ceder el centro. Después, el juez instructor, Joan Manel Abril, tendrá que decidir si archiva la causa (cómo previsiblemente pedirán las defensas) o si continúa adelante y abre juicio oral.

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