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El Ejecutivo de Camps financió los primeros pasos de la trama Púnica

Compromís denuncia que hay facturas pagadas a la red por más de 61.000 euros

Alejandro De Pedro, sale de la Audiencia Nacional el 10 de junio. Ampliar foto
Alejandro De Pedro, sale de la Audiencia Nacional el 10 de junio. EL PAÍS

El Gobierno del popular Francisco Camps financió los primeros pasos de la trama Púnica. La documentación a la que ha tenido acceso Compromís, que gobierna junto a los socialistas en la Generalitat, demuestra que en los años 2010 y 2011, la Consejería de Medio Ambiente, con Juan Cotino como responsable; la Consejería de Solidaridad, con Rafael Blasco al frente; y la Consejería de Educación, con Alejandro Font de Mora al mando, abonaron 61.403 euros a la empresa de Alejandro de Pedro. "Tras reiteradas peticiones al PP que no fueron satisfechas, al final hemos podido conseguir una copia de los pagos de la Administaración valenciana a Púnica", ha confirmado a este diario Fran Ferri, portavoz de Compromís en las Cortes valencianas. 

Se trata de facturas, que en la mayoría de ocasiones, no se pagaban a través de Hacienda, como estipula la normativa vigente, sino que eran satisfechas de forma inmediata por las mismas consejerías, mediante pagos de caja fija. Los conceptos de las facturas revelan que se trataba de presuntos trabajos realizadas por De Pedro relacionadas con internet para estas consejerías.

Ferri ha apuntado que la investigación señala que De Pedro facturaba a la administración por unos conceptos, cuando, presuntamente, lo que acababa haciendo son trabajos para las campañas electorales del PP. "Se cobrarón 4.000 euros por abrir una cuenta de Facebook y Twitter, o  6.000 euros por hacer búsquedas en Google", destaca el diputado. "Las fechas de las facturas confirman que la trama Púnica tiene su origen en territorio valenciano, con estas facturas, hasta que en años posteriores reorientaron su actividad hacia la Comunidad de Madrid con contratos públicos otras administraciones”, ha agregado el parlamentario.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, no está preocupada por el caso Púnica, una trama corrupta supuestamente liderada por el exsenador Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que obtuvo contratos con los ayuntamientos de Dénia, Gandia, Castellón, Elche y Valencia, gobernados por los populares.

En relación con esta instrucción judicial, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como imputado al exalcalde de la localidad, Arturo Torró, para ratificar la declaración prestada el pasado mes de junio, que investiga el desvio de fondos públicos a empresas.

El secretario general del Partido Popular de Gandia, VÍctor Soler, había sido citado por el juez, aunque finalmente no declarará por su condición de aforado, al ser diputado autonómico.

El Ayuntamiento de Gandia, gobernado actualmente por el PSPV, ha informado de que se personará en el proceso judicial para defender "los intereses de la ciudadanía ante las evidencias notorias de que el PP del municipio utilizaba fondos púbicos para aligerar el importe de sus gastos de campaña electoral", según el coportavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto.

El Partido Popular de Gandia ha explicado que la presidenta regional, Isabel Bonig, les ha confirmado que los estatutos del partido "sólo exigen la dimisión de un cargo público cuando se haya dictado apertura de juicio oral contra el mismo" y no con la imputación del delito.