La ciudad judicial fantasma de Aguirre

A pesar de la urgencia que existía en mejorar la justicia, algunos prefirieron dedicarse a modernizar las apariencias. Lo dijo Muñoz Molina en su ensayo Todo lo que era sólido. El escritor mostró su perplejidad ante la existencia de lo que describió admirablemente como una estructura de cristal en forma de huevo o burbuja hermética, como una estación espacial en un planeta árido y de atmósfera irrespirable. Se refería al único edificio construido en el denominado Campus de la Justicia de Madrid, en el contexto de un proyecto faraónico malogrado, más relacionado con la megalomanía de sus impulsores que con las necesidades funcionales de la administración de justicia. Y añadía que, mientras tanto, “las dependencias judiciales siguen pareciendo covachuelas de los tiempos de Dickens, y por falta de dinero, de medios, de personal, cualquier proceso puede prolongarse durante muchos años”.

Según los datos que ha ido desvelando este periódico, la deficiente gestión de este proyecto ha causado la pérdida de 105 millones a las arcas públicas. Y todo ello se produce en un sistema judicial históricamente abandonado por las instituciones. El desglose de los gastos nos muestra el carácter superfluo de gran parte de los mismos. Honorarios desorbitados de arquitectos, inmuebles trazados con dimensiones más que exageradas, informes sin utilidad práctica, dispendios fastuosos para la colocación de la primera piedra, trámites burocráticos ahora inservibles. Pero nuestro sistema judicial no necesitaba todo eso. Nos bastaba con una asignación eficiente de recursos materiales que aportara soluciones a las preocupantes carencias que sigue sufriendo la ciudadanía.

Por ello, resulta inconcebible que la presidenta del gobierno autonómico que impulsó este gigantesco despropósito, Esperanza Aguirre, ahora asegure que fueron los estamentos judiciales quienes le reclamaron ese proyecto. Eso es absolutamente falso. Desde el ámbito judicial lo que se ha exigido y se sigue exigiendo es que las administraciones competentes nos posibiliten disponer de unas instalaciones dignas. Los órganos judiciales de Madrid continúan padeciendo alarmantes insuficiencias, derivadas de su dispersión, de su ubicación en edificios inapropiados y de la asfixiante falta de espacio. No existen suficientes salas de vistas, lo cual retrasa el señalamiento de juicios y provoca lamentables demoras que perjudican a las partes de los procesos. Hay dependencias judiciales que no reúnen las condiciones más básicas de salubridad, ni tampoco cumplen las normas de prevención de riesgos laborales. Los medios informáticos son exiguos. Y los detenidos pasan esposados por pasillos concurridos de gente.

La legítima reivindicación judicial de modernizar los medios materiales no guarda relación con el diseño del Campus de la Justicia, que no se dirigió a buscar soluciones racionales, efectivas y proporcionadas a todas estas cuestiones. Al contrario, dicho proyecto se centró en una búsqueda de lucimiento jactancioso de sus impulsores, los cuales malgastaron alegremente unos fondos públicos imprescindibles para la administración de justicia. Nadie pidió en el ámbito judicial que se creara una sociedad mercantil para eludir el control público del gasto, ni que se contratara sin concurso alguno a personal vinculado al poder político. Ni tampoco que dicha empresa continuara existiendo durante años y generando nuevos desembolsos censurables, a pesar de que las maquetas ya eran manifiestamente inviables. Todo eso fue de cosecha propia del gobierno de Aguirre, al igual que la concepción mastodóntica del proyecto.

Y ahora lo único que queda en este desértico secarral es el deteriorado edificio sin uso del Instituto Anatómico Forense, que sigue devengando gastos de mantenimiento. Como en la Comala de Juan Rulfo, hay voces que resuenan en este paraje abandonado. Aquí no son sombras de almas en pena, sino los ecos de los múltiples negocios que generó esta insensata borrachera de poder, sin que los gobernantes hayan aportado las explicaciones pertinentes sobre su gestión. Esta ciudad judicial fallida es la metáfora más visible de una justicia olvidada, que solo ha interesado al poder político para servirse de ella o para controlarla. Y no para vertebrar un servicio público capaz de tutelar adecuadamente los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Joaquim Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia