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Doscientos empresarios catalanes dan su apoyo al derecho a decidir

Un manifiesto defiende apoyar "la decisión que tome el pueblo de Cataluña"

Acto de apoyo al derecho a decidir de Cataluña con la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert.
Acto de apoyo al derecho a decidir de Cataluña con la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert.

Unos doscientos empresarios han participado este mediodía en Barcelona en un acto de apoyo al derecho a decidir y al proceso independentista de Cataluña, a través de un breve y alambicado manifiesto que apoyan una treintena de corporaciones empresariales, desde la Cámara de Comercio de Barcelona a patronales como la Cecot o la agrupación de empresarios nacionalistas FemCat. El documento evita referirse directamente al concepto independencia, pero subraya el "apoyo incondicional" a que "nuestros conciudadanos puedan libre y democráticamente, expresar su voluntad sobre el futuro del país". Asimismo, el texto señala el compromiso de las entidades firmantes a respetar "la decisión que tome el pueblo de Cataluña y apoyarla, sea la que sea".

Tanto el redactado como las intervenciones posteriores de los representantes de corporaciones empresariales es un apoyo explícito al planteamiento de las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre como un plebiscito sobre la independencia, tal y como plantean las candidaturas de Junts Pel Sí (integradas por CiU y ERC) y la CUP. Y chocan con la versión expresada por Fomento del Trabajo hace dos días, cuando demandó a los partidos que afronten los comicios como unas simples autonómicas y advirtiendo que el 27-S genera "gran preocupación" entre el empresariado.

El vicepresidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña, Domènec Espadaler, ha expresado ese "respeto y aceptación de la expresión mayoritaria del pueblo catalán" y ha dado por hecho que "las oportunidades del cambio de estatus compensarían los riesgos" que la acompañan. Eso sí, ha defendido que apuestan por un marco de Cataluña dentro de la Unión Europea y por la vía del diálogo para conseguir esos objetivos políticos. Pero Espadaler también ha lamentado que "para que exista diálogo ha de haber voluntad", en una clara alusión a la ruptura de relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y del Estado. Miquel Valls, el presidente del consejo de cámaras ha evitado acudir al encuentro.

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, se ha mostrado favorable al derecho a la autodeterminación. Ha criticado los "miedos e ingerencias" y se ha referido a la carta de los catalanes de Felipe González, al referirse a "comparaciones históricas lamentables" como la que relacionaba la situación actual de Cataluña con la de la Alemania e Italia de los años treinta.

Antoni Abad, presidente de la patronal Cecot, una de las más importantes organizaciones territoriales que forman parte de Fomento del Trabajo y otra de las firmantes del manifiesto, ha señalado que "el derecho de consulta es una expresión de calidad democrática", por lo que también ha demandado el derecho a decidir. Abad ha respondido al documento presentado por Fomento el pasado martes al señalar que "el no diálogo genera tensión" y ha apuntado que ya hace tiempo que vienen avisando que "o cambiamos el país o cambiamos de país".

Una vez suscrito el manifiesto, los representantes de las organizaciones empresariales se lo han entregado a la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, que estaba acompañada por los expresidentes de la cámara Joan Rigol y Ernest Benach. Entre los asistentes se encontraban Ramon Carbonell (presidente de FemCat), Joaquim Boixareu (Irestal) y Agustí Benedito (que fue candidato a presidir el Futbol Club Barcelona).

Antes que los representantes empresariales, han hablado economistas como Xavier Sala i Martín, Joan B. Casas, Miquel Puig y Pere Galí. Este último se ha centrado en el déficit de inversiones estatales en Cataluña y ha asegurado que "recibimos la mitad de los que nos correspondería" por aportación al PIB. Según sus cálculos, el estoc de capital público (en infraestructuras) catalán sería un 26% superior al actual si en los últimos veinte años los diferentes gobiernos del Estado hubiesen inyectado ese dinero a Cataluña.

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