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La Asamblea abre una causa general contra la etapa de Aguirre y González

Ciudadanos, PSOE y Podemos ultiman la composición de las comisiones de endeudamiento y gestión pública y de corrupción política

Ignacio Aguado (Ciudadanos); Ángel Gabilondo (PSOE) y José Manuel López (Podemos) formalizan la propuesta de una comisión de investigación sobre la corrupción de las dos últimas legislaturas.
Ignacio Aguado (Ciudadanos); Ángel Gabilondo (PSOE) y José Manuel López (Podemos) formalizan la propuesta de una comisión de investigación sobre la corrupción de las dos últimas legislaturas.

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid iniciarán el curso político con una ofensiva contra la corrupción y el despilfarro injustificado de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Ciudadanos, PSOE y Podemos ultiman en estas fechas la composición de las comisiones de endeudamiento y gestión pública y de corrupción política. Casos como el fraude en los cursos de formación (el llamado caso Aneri), Gürtel, Operación Púnica y la Ciudad de la Justicia serán estudiados en breve en el Parlamento regional.

Las dos comisiones avanzarán de manera paralela, aunque la primera que empezará a trabajar, previsiblemente, será la de endeudamiento y gestión pública. La presidirá Podemos y se encargará de ver qué obras se han acometido en los últimos 12 años y la justificación de las mismas. El portavoz del grupo de Podemos, José Manuel López, pone un ejemplo de lo que se disponen a investigar: el metro ligero a Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, que tuvo un coste de 600 millones de euros para los madrileños. “Es el que tiene el nivel más bajo de usuarios de toda España. Se realizó sin ningún informe técnico que dijera que era necesario ese tipo de transporte para ambas localidades”, explica.

 La comisión estudiará todo el proceso que se siguió hasta la puesta en funcionamiento. Eso supone que se analizará quién lo decidió, quién lo licitó, quién ejecutó la obra y quién tiene la concesión o la explotación del servicio.

Esta comisión abre con unos planes de trabajo especialmente amplios. Piensa abordar todas y cada una de las grandes obras o concesiones que hayan hecho los Gobiernos de Aguirre y de González. Pero su trabajo no se va a circunscribir solo a ellas. López tiene en su punto de mira otros sectores, como Informática de la Comunidad de Madrid y todos los contratos que ha firmado esta empresa dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia.

 

Plazo ampliable

La comisión que ha impulsado Ciudadanos, con su portavoz, Ignacio Aguado, a la cabeza, es la de corrupción política. Se espera que empiece a funcionar a mediados o finales de octubre. En principio, nace con un año de duración, pero el propio Aguado no descarta ampliarlo si surgen más casos. Y su previsión es que vayan saliendo muchos y variados temas.

Aguado ya está barajando temas que antes o después tienen que salir en esta comisión. Destaca la Operación Púnica, el mayor caso de corrupción de Ayuntamientos de la región, en su mayoría del PP. “Tenemos a dos personas leyendo todo el sumario y escuchando las grabaciones y hay mucho material para analizar. No queremos hacer un juicio paralelo, pero sí que se depuren las responsabilidades políticas de todos los que estén detrás de este caso, sobre todo de los que sigan ocupando un cargo en la Administración”, destaca el portavoz de Ciudadanos. “Igual ocurre con el caso Gürtel, sobre el que no podemos más que investigar y ver qué perjuicios ha causado a la Comunidad de Madrid”, añade.

Otro caso que el partido de Albert Ribera quiere estudiar a fondo es el de los cursos de formación, el llamado caso Aneri. El portavoz cree que es “un auténtico escándalo” que nadie haya investigado esa trama y que “se haya pasado de puntillas” en “un escándalo de tal magnitud”.

Aguado no descarta que la comisión que su grupo presidirá llame a declarar a los expresidentes y exconsejeros para que expliquen su actuación política.

En este reparto de papeles estarán también muy activos los parlamentarios del grupo socialista, con su portavoz, Ángel Gabilondo, al frente. Fue él precisamente, recuerdan fuentes socialistas, quien unió las propuestas de Podemos y de Ciudadanos para presentar a principios de julio la creación de ambas comisiones. “Buscamos el consenso y que con nuestras aportaciones se llegue a una iniciativa coordinada”, destacan fuentes socialistas.

El PSOE ha adelantado que los temas que más le interesan en estos momentos son el caso Gürtel y la Operación Púnica. Eso, con independencia de “todo lo que vaya surgiendo”. “Estamos muy interesados en los servicios públicos y en la gestión que se ha hecho de ellos, en especial de la educación y de la sanidad. Queremos ver cómo se ha llegado a algunas situaciones”, afirman las fuentes.

 

Ciudad de la Justicia

López y Aguado tienen claro que ambas comisiones trabajarán de la mano. De hecho, todos los procedimientos sospechosos que detecte la primera (la de endeudamiento y gestión pública) los pasará a la de corrupción política para que profundice en ellos. “Hay casos muy sangrantes y que necesitan ser analizados muy al detalle, como el despilfarro que se ha generado con la Ciudad de la Justicia. Ahí se han gastado millones sin llegar nunca a nada claro. Queremos saber qué ha pasado con ese dinero, con esos proyectos, y si alguien se ha quedado con algo”, afirma Aguado.

El portavoz de Ciudadanos también está pendiente de todos los contratos del Canal de Isabel II, la empresa pública más importante de la Comunidad de Madrid. “Ya estamos detrás del contrato que quería trasladar el servicio de atención al cliente a Perú. Suena muy raro que se haga por un volumen tan alto unos meses antes de que acabe la legislatura y de que se abra ante el pliego de condiciones técnicas antes que el económico”, afirma.

Aguado también tiene sobre la mesa otros casos que son “bastante sangrantes”, como el hospital de Collado Villalba, que estuvo cerrado dos años, o el parque de bomberos de Valdemoro, que está recepcionado por la Comunidad de Madrid desde hace años.

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, explicó a EL PAÍS que por parte del Ejecutivo que preside Cristina Cifuentes no hay “ningún inconveniente” en aportar toda la información que soliciten sendas comisiones. “Es una máxima de Cifuentes, que tiene asumida todo el Gobierno, de máxima transparencia. Además, el punto quinto del pacto de gobernabilidad firmado con Ciudadanos recoge la realización de una auditoría externa donde se analice todo”, recordó Garrido. “Si hay alguien especialmente interesado en que se conozca la verdad y se persiga cualquier irregularidad, es este Gobierno regional, al que no le va a temblar la mano”, añadió el portavoz, que también mostró su preocupación por el uso mediático de las comisiones que se pueda hacer en periodo electoral.

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