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CASO GÜRTEL

El TSJ valenciano confirma los “indicios” de financiación ilegal del PP

La Sala Civil y Penal confirma el procesamiento de la cúpula del partido en la era Camps

Álvaro Pérez El Bigotes y Ricardo Costa en un acto del PP valenciano.
Álvaro Pérez El Bigotes y Ricardo Costa en un acto del PP valenciano.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha confirmado en un auto hecho público este miércoles los "indicios" y "sospechas" de financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en dos campañas electorales, las autonómicas y locales de 2007 y las generales de 2008. La Sala Civil y Penal confirma así el procesamiento de los miembros de la dirección regional del partido en aquellos años, cuando Francisco Camps, que ha quedado al margen de esta causa, dirigía la formación regional y la Generalitat.

La fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para los dos políticos procesados más conocidos, Vicente Rambla, que era vicepresidente del Gobierno autónomo, y Ricardo Costa, entonces secretario general del PPCV. En la misma situación, a la espera de que se dicte la apertura de juicio o el archivo del procedimiento quedan otras 18 personas, entre dirigentes populares, empresarios del sector de la construcción y miembros de la red Gürtel, entre ellos sus supuestos cabecillas Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes.

En las tres piezas separada del caso Gürtel recurridas se han investigado supuestos pagos irregulares de empresarios del sector de la construcción y la obra pública, contratistas de la Generalitat, a las campañas populares. Así como presuntos delitos fiscales de las empresas de la red Gürtel y algunos de sus cabecillas.

La causa se centra en supuestos pagos irregulares a las campañas populares por parte de empresarios de la construcción y la obra pública

La Sala Civil y Penal defiende el trabajo del magistrado instructor y rechaza el recurso de los imputados contra la falta de fundamentación del auto de procesamiento del juez instructor, José Ceres. "Tras una lectura detenida de las resoluciones recurridas, observamos que en ellas se exponen de forma detallada y minuciosa los hechos que se le imputan a cada uno de los recurrentes, con expresión de las diligencias en que se basa", señala la Sala.

En el actual momento del procedimiento "no nos corresponde el valorar la credibilidad y peso de los diferentes testigos, peritos y demás documentación contenida en la causa", afirman los jueces, ni tampoco "hasta qué punto cada uno de los recurrentes, de una manera consciente y voluntaria hayan podido contribuir a la financiación ilegal del partido". Basta, afirman, con que existan "indicios racionales de criminalidad" como los que observan.

Los tres magistrados que firman la resolución, entre ellos la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, rechazan también el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido que se procesara al extesorero nacional Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, que fue administrador general del PP en los comicios de 2008. La Sala considera que su posible responsabilidad no ha sido suficientemente acreditada.

La Sala rechaza que los supuestos delitos hayan prescrito y avala la intervención de las conversaciones telefónicas

Los magistrados rechazan la petición de que los supuestos delitos estén prescritos. Defienden que los hechos descritos puedan calificarse como delitos electorales (como se conocía la financiación ilegal antes de que el Código Penal incluyera este tipo penal como tal). Y avalan la legalidad de la intervención de las conversaciones telefónicas.

Contra la resolución del Tribunal Superior no cabe recurso. La decisión sobre si se abre o no juicio contra la veintena de procesados queda primero a la espera de ver a qué órgano judicial le corresponderá hacerlo. Los jueces valencianos decidieron remitir el asunto a la Audiencia Nacional al dejar de ser diputados (y perder con ello el aforamiento) los acusados que lo eran.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión al Tribunal Supremo al considerar que todas las piezas de la rama valenciana del caso Gürtel debían permanecer en el TSJ valenciano. El Supremo decidirá en los próximos meses.

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