Educación examina por sorpresa a los niños objetores de las pruebas de conocimiento

Inspectores de la Consejería de Educación entraron ayer por sorpresa en algunos centros y emplazaron a los alumnos de 8, 11 y 15 años a examinarse de las pruebas de conocimiento de la Comunidad y el ministerio que objetaron en mayo. La federación de asociaciones de padres Ginés de los Ríos considera que es “una pataleta de fin de gobierno dudosamente legal”, mientras que la consejería insiste en que la prueba es obligatoria y que se repite siempre sin avisar. En 2012 consta que se volvió hacer al día siguiente.

 Inés Bautista, vecina de Torremocha del Jarama, opina que las pruebas de conocimiento “no sabemos qué miden y solo sirven para hacer ranking de escuelas, algo que la ley antigua prohibía”. Por eso la asociación de padres que ella preside informa cada año a las familias de su parecer y son muchos los estudiantes que el día de los exámenes externos de matemáticas, lengua y cultura general se quedan en casa. Así hizo su hija de ocho años el 25 de mayo. La pequeña estudia en un aula rural y, de nueve alumnos de tercero de primaria, solo una niña acudió a clase.

Ayer Inés Bautista fue alertada por otra madre de que las pruebas se estaban celebrando y se acercó a buscar a su hija. “El tutor estaba anonadado, pero los niños son pequeños y estaban tranquilos”. Inés asegura que en 2014, pese a la insumisión, la prueba no se repitió. La Comunidad planifica dos pruebas (sexto de primaria y tercero de secundaria) y la ley de José Ignacio Wert ha programado este curso por primera vez un examen en tercero de primaria.

La Consejería de Educación insiste en que la prueba, que tiene como fin evaluar la calidad del sistema educativo, es obligatoria —aunque no puntúa en el expediente— y que en los centros con una alta objeción se repite cada año desde que los exámenes se implantaron hace una década. “Son por sorpresa, porque si no los niños no irían”, señalan fuentes de la consejería.

En 2012 Educación repitió el examen al día siguiente de celebrarse en dos colegios que desde 2005 objetaban: Trabenco (Leganés) y Palomeras Bajas (Entrevías). Pero en 2013 y 2014 no constan los lloros y situaciones de nerviosismo que denuncia este año la federación de asociaciones de padres Ginés de los Ríos.

Un “atraco” inesperado

“Lo que se ha hecho este año es un atraco”, asegura Eduardo Sabina, secretario general de FETE-UGT. “Se ha paralizado la actividad de los centros con unas pruebas que no están contempladas y que la consejería pone cuando quiere”. “Esta es una pataleta de un gobierno que termina y quiere decir: Me voy, pero hacéis lo que yo diga”, añade José Luis Pazos, presidente de la Ginés de los Ríos. “Tengo muchas dudas de que sea legal y nuestros abogados lo estudiarán. Y, desde luego, lo que no se puede es que entren los inspectores casi sin identificarse. Que ha habido lloros, coacciones...”.

Comisiones Obreras, por su parte, anunció ayer que tomará medidas legales. Según su secretaria general, Isabel Galvin, existe ilegalidad en las pruebas de ayer —“que denotan una actitud impositiva y una política basada en los hechos consumados y en la presión y castigo a los centros y a las familias”—, porque hay tres resoluciones de la consejería en febrero que regulan todos los aspectos de los exámenes. “Es un desatino jurídico”, estima Galvín, porque esas disposiciones indican las fechas de las pruebas, las instrucciones que deben seguir los centros y quién se ocupan de ellas, “que en ningún caso son inspectores de Educación”.

Un justificante insumiso

La Ginés de los Ríos promueve la insumisión: “Las pruebas sólo sirven para estigmatizar a sus propios centros, vulnerando la evaluación continua y desprestigiando al profesorado”. Por eso distribuye entre las familias un justificante a rellenar: “[La baja] ha sido motivada por causas ajenas a su voluntad del alumno, basada en una decisión familiar que pertenece al ámbito privado y que, si fuera necesario, será explicada ante las instancias oportunas que tengan capacidad y derecho a conocer la misma”.

Ante esta autoinculpación paterna, María, de Soto del Real, no entiende por qué su hija de sexto de Primaria (12 años) tuvo que llevarse el sofoco de un examen inesperado tras firmar ella el debatido justificante. “No había dormido, no estaba concienciada... No hacen el examen en las mismas condiciones que el resto. Mi hija es muy buena estudiante y lo ha hecho bien, pero no son formas”. Según su relato, varios adolescentes quisieron consultar por teléfono a sus padres antes de examinarse y no les dejaron. “Les dijeron que no fuesen irrespetuosos. El niño con más carácter llegó a levantar las manos y a decir que no lo hacía, pero le obligaron”.