Una ciudad de códigos abiertos

Algo se nos ha ido de las manos en Barcelona después de los Juegos Olímpicos, eso le dicen a Ada Colau los arquitectos que apoyan su candidatura. Este “algo”, que explicaría una ciudad de heridas urbanísticas y desigualdades sociales, es la política elitista de los últimos consistorios, practicada desde el despotismo ilustrado. Para combatir esta desviación, Barcelona en Comú propone un urbanismo reparador, basado en la planificación democrática, los mapas de la realidad y la participación ciudadana. Su voluntad es retomar el hilo de la manera de hacer preolímpica, en un intento de reencontrar también aquella energía ciudadana. Ahora, según los cánones del derecho a la vida urbana fijados por el sociólogo Hery Lefèbvre. En traducción de la candidata: la ciudad de los derechos humanos.

El discurso de esta plataforma alude abiertamente a las experiencias de Curitiba, Porto Alegre, Hamburgo o Seattle, ciudades de referencia del desarrollo sostenible, a partir de una movilidad sustentada en el transporte público y un urbanismo definido como inclusivo, redistributivo y distribuido. Muchas pequeñas obras muy repartidas, de eso se trata; de buscar no sólo la repartición geográfica sino también una mayor distribución del trabajo profesional y de la inversión por barrios. Lo llaman un urbanismo blando, no como contraposición a las plazas duras, sino como expresión de una entrada suave entre los vecinos de unos proyectos planificados y acordados por ellos mismos. Una ciudad de códigos abiertos.

A diez años vista, quisieran haber completado la rehabilitación energética de la ciudad, construido el corredor verde perimetral de Barcelona (un anillo que conecte con los diferentes ejes verdes interiores de la ciudad y con los parques metropolitanos) y disponer de una oferta suficiente de vivienda social. Estas apuestas prioritarias habrán generado ocupación (10.000 puestos de trabajo es su objetivo para el mandato) y acabado con la pobreza energética del 10% de las familias. Lo más urgente, incrementar los pisos de alquiler con la construcción o rehabilitación de 4.000 viviendas y la recuperación de otras 4.000, actualmente en manos privadas y entidades bancarias, mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte del consistorio; además, el ayuntamiento debería crear una agencia de alquiler social.

Lo que no representa ninguna prioridad para ellos son las vías rápidas, la ampliación de la ronda del Litoral en el Morrot, la cobertura parcial de la de Dalt o los túneles urbanos, porque su aspiración es la primacía del transporte público de superficie. En este sentido, ampliarían la red octogonal de autobuses de Barcelona, extendiéndola a escala metropolitana y asociada a una red de park and ride para disuadir a conductores privados. Después, abordarían la pacificación de la circulación en el mayor número de calles posible, al estilo de Gràcia, ganando espacio para peatones y ciclistas. Son partidarios acérrimos del tranvía y están decididos a unir los dos tramos existentes por la Diagonal; empezando por enlazar Glòries con paseo de Sant Joan, por su cercanía con Sagrada Familia y para paliar el conflicto de los buses turísticos.

La única de las obras faraónicas sobre la que muestran interés es la Sagrera. Porque es una herida urbana de dimensión descomunal y porque en la finalización del proyecto ven una oportunidad emblemática para poner a prueba su urbanismo amable y pactado. En aquel espacio, podría crecer significativamente la oferta de vivienda social, se impulsará la movilidad sostenible con la gran estación central de tren, metro y autobuses y allí se visualizaría el encaje de los ejes verdes interiores con el perímetro verde de Barcelona, a su paso por el Besòs, gracias al gran parque urbano previsto. Saben que no hay dinero para financiar todo esto pero confían en la creación de un Instituto Municipal de Crédito para buscar soluciones.

Respecto a la que ya se ha ido de las manos, según su diagnóstico, se proponen revisar algunas licencias urbanísticas; volver a abrir la ciudad al mar, matizando la utilización privada de muelles y marinas con la recuperación de espacios públicos; frenar las privatizaciones encubiertas de hospitales, como el Clínic o Sant Pau, y de guarderías; no descartan la municipalización del servicio de agua, como París o Berlín; se plantean una moratoria turística para abrir una reflexión sobre el fenómeno y quieren repensar el modelo de los grandes congresos y ferias, que califican de porciolista, para obtener un mejor aprovechamiento social. En esta batalla han comprobado el efecto diabólico de los titulares: aseguran no estar contra el Mobile World Congress, simplemente creen que además de promocionar estratégicamente Barcelona, debería servir para romper la brecha digital ya existente entre los barrios.

La ciudad que imaginan necesita de un liderazgo público, con reglas claras de participación para todos, también para el sector privado, y debe tener una proyección a escala metropolitana. También en este ámbito son partidarios de repensar el modelo, por opaco y escasamente representativo. Sin embargo, no apuestan por la elección directa de una autoridad o un alcalde metropolitano sino por la creación de una asamblea metropolitana elegida por los ciudadanos. Intuyen que esta legitimidad democrática reforzaría la aplicación de las políticas de esta nueva corporación y de sus instrumentos de coordinación y regulación, como el Plan Director Urbanístico.