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La fundación protrasvase pagó altos sueldos y 3,5 millones en propaganda

Agua y Progreso subvencionó con 310.000 euros a los regantes de Andrés Martínez

Andrés Martínez y José A. Comos, primeros por la derecha, en una jornada de Agua y Progreso en 2005.
Andrés Martínez y José A. Comos, primeros por la derecha, en una jornada de Agua y Progreso en 2005.

La “guerra del agua” que impulsó el PP contra el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero por haber derogado el proyecto del trasvase del Ebro tuvo en la Fundación Agua y Progreso, creada por la Generalitat y financiada con fondos públicos, su principal plataforma de agitación. El diputado socialista en las Cortes Valencianas Francesc Signes se ha dedicado a lo largo de la legislatura a reclamar las facturas y justificantes de ese organismo. Hasta que el pasado mes de diciembre consiguió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obligaba al Consell a entregarle la documentación.

Los documentos, recibidos hace pocos días por el parlamentario, “permiten confirmar las peores sospechas” sobre el uso partidista y el despilfarro de esa fundación, que recibió entre 2004 y 2012 cerca de 7,2 millones de euros del Consell, su principal fuente de recursos. Así, Agua y Progreso pagó a sus directivos salarios equiparables a los de altos cargos de la Generalitat. Su director, José Alberto Comos, no notaría mucho cambio en las retribuciones al convertirse en director general del Agua del Consell en 2012 cuando la fundación se extinguió. Comos recibió, desde 2005 a 2012, un total de 372.601 euros de remuneración, con una distribución anual que llegó a alcanzar los 60.206 euros de 2008 a 2010. Dado que el sueldo del actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es de 67.615 euros y es el alto cargo que más cobra, Signes resalta que “el señor Comos estuvo cobrando durante años, por sus responsabilidades en una fundación mantenida con fondos públicos de la Generalitat, incluso más que un secretario autonómico o director general, y más que un actual conseller”.

No fue el único. Carmen Vila, exdirigente vecinal de Valencia fichada por el PP, que fue adjunta a la dirección de Agua y Progreso, cobró 331.469 euros en el mismo periodo, a razón de 44.000 euros anuales. Jesús Castellano Diago, subdirector de la fundación desde finales de 2007, exdiputado provincial del PP y concejal de Albaida, cobró 311.053 euros por cinco años, más 21.000 euros en “trienios” y 7.000 euros de finiquito. Castellano sucedió en la fundación a Juan José Medina, alcalde de Montcada y vicepresidente de la Diputación, que recibió unas retribuciones de 42.000 euros anuales de Agua y Progreso en el periodo en el que perdió la alcaldía. Fernando Argente, concejal del PP en Llombai, cobró unos 44.000 euros anuales en 2008 y 2009. “Se pone de manifiesto”, señala Signes, “que la fundación no fue más que un auténtico pesebre de cargos del PP financiado con fondos públicos para servir de plataforma de agitación y propaganda política contra los gobiernos socialistas en los años 2004 a 2011”.

Los gastos “permiten confirmar las peores sospechas”, dice Francesc Signes

Esa “agitación y propaganda” representó un gasto de 3,5 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso el diputado socialista. Agua y Progreso abonó 607.615 euros a Canal 9 por cuñas publicitarias y gastó cerca de dos millones de euros en publicidad pagada en diversos medios de comunicación. Una cifra a la que hay que añadir más de un millón de euros gastado en servicios de consultoría y marketing. Dos empresas copan este apartado, Zenith Br Media, SA, y Backspin, SL, creada un año antes de constituirse la fundación y que recibió de ella 574.473 euros entre 2006 y 2012. Signes recuerda que la Sindicatura de Comptes ya advirtió en su informe de fiscalización de 2006 de que no había justificación para utilizar, en la contratación de esta empresa, por supuestos motivos de urgencia, el procedimiento “negociado sin publicidad”.

Pero Agua y Progreso destinó los fondos que recibía a otras cosas. Según los cálculos del diputado del PSPV-PSOE, dedicó 1,1 millones de euros a entidades privadas, unas aportaciones enmascaradas dentro de convenios, sobre los que ya advirtió la Sindicatura de Comptes en 2006 que su “naturaleza” se correspondía en realidad con “una subvención”. La más beneficiada por el procedimiento fue la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que recibió un total de 310.000 euros. Esa junta, presidida por Andrés Martínez, mantuvo una de las actitudes más combativas a favor de las tesis del PP. “Se trata”, apunta Signes, “del mismo Andrés Martínez que intentó vender el agua de los manantiales que gestiona la Junta a la empresa Danone, o que promovió en la zona campos de golf regados con el agua que afirmaba que pretendía llevar para regar los cultivos”.

Otra entidad beneficiada por Agua y Progreso, de la que recibió 175.000 euros, fue el Foro Solidario por el Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (FOSAMA), presidido por Federico Llorca Navasquillo, vinculado a la Universidad CEU Cardenal Herrera, que también recibió fondos de la fundación. La Cátedra de Agua y Progreso en la Universidad Politécnica recibió 126.000 euros por organizar “algunos eventos”, como los describe Signes.

El Consell se subvenciona a él mismo

El más “elaborado” de los artificios alrededor de la Fundación Agua y Progreso es, según Francesc Signes, el que involucra a la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, creada en 2003 para compensar la caída de fondos estructurales una vez se perdió la condición de zona Objetivo Uno.

Agua y Progreso destinó cerca de 100.000 euros a esa fundación, vía subvenciones enmarcadas en convenios cuyo objetivo, indica el diputado socialista, era “dar autobombo a las políticas del PP en materia de agua”. El absurdo de la situación, destaca Signes, “llegó al nivel de firmar un convenio entre una fundación de la cual es presidente el presidente de la Generalitat y otra de la que también es titular la misma Generalitat para desarrollar actividades de propaganda y defensa de unos posicionamiento políticos concretos, defendidos por el PP, que sustenta la acción del Ejeuctivo valenciano”. El destino de esos fondos, en opinión del parlamentario, habría sido informado negativamente por la Intervención y la Sindicatura si se hubiera planteado directamente.