La investigación de la desaparecida en Majadahonda se amplía a cinco casos

El número de casos de personas desaparecidas en los que puede estar implicado el casero detenido por el posible asesinato de su última inquilina en Majadahonda (Madrid) puede aumentar en breve. Los agentes han encontrado tres contratos más de arrendamiento de antiguos residentes, cuyos perfiles coinciden con el de la mujer buscada por la Guardia Civil desde hace días: personas solas y extranjeras. De esta forma, son cinco ya los individuos, en su mayoría mujeres, cuyo paradero se ignora: la última arrendataria, la tía del detenido y estos tres citados inquilinos. Las investigaciones continúan abiertas a la espera de ver si se hallan restos humanos en el vertedero de Pinto, instalación a la que van a parar los residuos urbanos de Majadahonda.

El detenido es un hombre de nacionalidad española de 32 años con antecedentes psiquiátricos y que ya estuvo ingresado en un centro especializado, según fuentes de la investigación. Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil le detuvieron la semana pasada después de que un hermano de la inquilina actual, una argentina de 55 años, denunciara ante el instituto armado que llevaba unos días sin poder hablar con su familiar. Tan solo había recibido algunos mensajes desde su teléfono móvil y no respondía a sus llamadas.

Los agentes interrogaron al casero y le detuvieron al ver que caía en ciertas contradicciones y algunas lagunas sobre el paradero de la mujer. La juez de Majadahonda ordenó entonces la entrada y registro de la vivienda, situada en el número 6 de la calle de la Sacedilla. Allí crecieron las sospechas policiales cuando los agentes hallaron algunas pequeñas manchas de sangre en un cuarto. También comprobaron que el arrendador había pintado la mitad de la vivienda y tenía intención de hacer lo mismo con el resto.

La juez ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a la espera del resultado de las pesquisas iniciadas por el instituto armado.

Los guardias civiles registraron la casa y hallaron en el sótano de esta vivienda, según ha sabido EL PAÍS, tres contratos de alquiler pertenecientes a antiguos inquilinos. Por eso, l

os investigadores centran sus pesquisas en intentar hallar a estas personas.

¿Significa eso que hayan podido ser víctimas de este hombre? La Guardia Civil mantiene muchísima discreción sobre este asunto y no quiere pronunciarse hasta tener más datos. “No nos podemos aventurar porque son personas que han podido regresar a sus respectivos países o estar residiendo en otra zona de España o, incluso, en otras naciones”, recuerdan fuentes de la investigación.

Además de a los cuatro últimos arrendatarios, la policía no encuentra tampoco a la tía del arrestado. Esta mujer era la propietaria de la vivienda y la persona que entregó, supuestamente, al detenido un documento en el que le cedía el uso y disfrute del chalé, por lo que también le permitía alquilarla.

La familia perdió el contacto con la tía del detenido hace unos cuatro años, según reconoció el propio padre del sospechoso durante el registro de la vivienda, según fuentes de la investigación.

El arrestado, por su parte, asegura que ingresó a su tía en una residencia de mayores en la región, pero que no recuerda el nombre ni la localidad en que se encuentra el asilo. Los agentes de Policía Judicial tratan de ver ahora dónde se encuentra la mujer para comprobar si está viva y si realmente cedió el chalé a su sobrino, tal y como él esgrime.

Durante las investigaciones, el arrestado se ha mostrado especialmente frío y distante, sin llegar a colaborar en ningún momento con los guardias civiles.

De hecho, en un principio se negó a facilitar la entrada y registro en la vivienda, por lo que los agentes tuvieron que regresar con un mandamiento judicial. También se negó a declarar sobre los hechos y a facilitar más datos más sobre el lugar donde supuestamente se encuentra la inquilina.