Cae una red que estafó a 500 británicos con viviendas

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una red dedicada a estafar a ciudadanos británicos con viviendas en régimen de multipropiedad en varios municipios de la Costa del Sol. De momento se ha identificado a 500 víctimas, aunque los investigadores sospechan que pueden ser miles. En la bautizada como operación Tormenta, iniciada hace ocho meses, se ha detenido a 56 personas, todas de nacionalidad británica, con papeles muy definidos dentro de la organización. Se estima que el fraude supera los 30 millones de euros desde 2009 (entre cinco y seis millones al año).

Los estafadores operaban a través de 11 empresas pantalla, utilizadas para contratar a teleoperadores que contactaban telefónicamente con las posibles víctimas para intentar venderles un producto “atractivo” difícil de rechazar. Estos trabajadores, instalados físicamente en oficinas repartidas por varios puntos del litoral malagueño, representaban el nivel más bajo de la pirámide que ha identificado la Policía. Después se situaban los presuntos testaferros, utilizados por el grupo para abrir cuentas bancarias a su nombre y así poder ingresar el dinero procedente del timo. Estas personas supuestamente recibían una comisión (rondaba los 500 euros) por los servicios prestados y rendían cuentas ante los “machaca” o “recolectores”, según el argot de los investigadores, que eran los encargados de reclutar a esos hombres de paja y de hacer acopio de los fondos después de retirarlos de las entidades bancarias.

En el escalón más alto se situaban los cabecillas de la trama, ideólogos del timo y los encargados de facilitar los listados con el nombre de las potenciales víctimas. La Policía considera que había tres líderes (dos han ingresado en prisión por estos hechos). El más destacado de ellos residía en Mijas y los otros dos, en Benalmádena. Todos llevaban un alto nivel de vida y tenían antecedentes por hechos similares. Estas personas están acusadas de blanquear capitales a través de negocios de restauración y se han detectado numerosos movimientos de dinero entre la Costa del Sol y Reino Unido. También se han localizado cuentas en paraísos fiscales.

La inspectora Mercedes Pérez Quesada, responsable del Grupo Segundo de la Unidad de Delitos Económicos de Málaga, ha explicado las distintas modalidades del fraude. Las potenciales víctimas, casi todas personas mayores, eran propietarias de un producto de multipropiedad y lo que les ofrecían los teleoperadores era recomprar ese derecho de uso compartido de la vivienda por un precio “suculento”. Tanto, que casi nadie lo rechazaba. Cuando accedían, se les pedía dinero por adelantado para sufragar ese supuesto contrato, por ejemplo, para el pago de impuestos. La cantidad estafada, según el caso, oscilaba entre los 300 y los 50.000 euros por persona.

El negocio no se materializaba nunca y el importe no era devuelto. Entonces entraba en escena el segundo nivel del timo. La misma red contactaba con las víctimas, en nombre de un supuesto bufete de abogados, para proponerles una demanda colectiva junto a otros estafados. Se pedía dinero para hacer frente a los posibles recursos del proceso y otros trámites judiciales. En la tercera parte, lo que hacían los defraudadores era una supuesta llamada desde el juzgado informando de que había habido una vista oral resuelta a su favor, pero que era necesario abonar una serie de tasas judiciales.

Casi todas las víctimas, según los investigadores, cayeron en la trampa cada vez que se contactaba con ellos. El origen de la investigación fueron las numerosas denuncias que empezaron a llegar por esta presunta estafa a través de Europol, ha explicado José Manuel Rando, jefe de la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Málaga, que ha comparecido también junto al comisario provincial, Pedro Garijo, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar. En la operación, desarrollada en febrero, han participado agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF Central.

El operativo para la detención de los 56 implicados se desarrolló en dos fases (en la primera hubo 38 arrestos). Se han practicado ocho registros y han quedado bloqueadas 78 cuentas bancarias y 97.363 euros. El valor de los bienes embargados asciende a 800.000 euros. Se han intervenido 30.061 euros en metálico, además de una embarcación de recreo, seis vehículos, 49 equipos informáticos, un televisor, seis terminales de telefonía móvil, una máquina para contar billetes, una destructora de papel y una centralita telefónica. Los delitos que se imputan a los miembros de la red son estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo organizado.