La fiscalía recibe 173 denuncias por absentismo escolar

Hace más de seis años que la actual fiscal de Menores de la Comunidad Valenciana, Gema García, convirtió en una prioridad la lucha contra el absentismo escolar, en la que buscó la implicación de las distintas administraciones. El número de denuncias recibidas y tramitadas no ha descendido desde entonces, lo que significa que el pulso se mantiene y que el problema persiste. Para muestra, sendas sentencias de los juzgados de lo Penal de Valencia —una en octubre de 2014 y otra este mismo mes— que condenaban a padres de Sagunto a tres meses de cárcel por permitir que su hijo no asistiera a clase 185 y 365 días, respectivamente. Por medio, ha habido otras condenas con multas a padres o tutores.

 En 2014, la Fiscalía de Menores recibió 173 denuncias e informes sobre casos de alumnos absentistas entre seis y 16 años de edad, que es el periodo de escolarización obligatoria. El 80% de esos casos se tradujeron en denuncias del ministerio público contra los adultos responsables de esos menores, más que en 2009 y 2010, cuando empezó a funcionar el protocolo de intervención propuesto por una veintena de municipios de L'Horta Sud en 2009 que Gema García contribuyó a impulsar. Posteriormente, otros municipios han adaptado el protocolo a sus circunstancias.

El absentismo escolar no solo pasa factura al rendimiento académico, también funciona como indicador de otras infracciones más graves que pueden conducir al absentista ante el Tribunal de Menores. “Un 90% de los menores que llevamos a juicio, por distintas infracciones, tienen problemas de absentismo escolar en su historial”, recuerda Gema García. Esa es una de las razones de la batalla de esta fiscal contra el absentismo escolar.

Pero no es solo eso. “Que un niño o un adolescente asista a clase es muy importante, es un derecho de ciudadanía”, proclama; “pero algunos padres no lo ven, no le dan importancia, y otros lo ven, pero favorecen con la dejadez inicial la actitud del niño, y a los 14 o 15 es difícil revertir esa actitud”. Las condenas son por delito de abandono de familia, tipificado en el artículo 226 del Código Penal. La fiscal lamenta que “no haya un tipo penal específico, para el caso de que el niño no acuda al centro escolar”.

Si no se trata a tiempo, advierte el protocolo de L'Horta Sud que ha servido de modelo a otros ayuntamientos, el absentismo puede dar como resultado el fracaso y abandono escolar” y, a medio y largo plazo, ”un elevado riesgo de exclusión social”. El protocolo establece que el tutor escolar intervenga cuando detecte un 15% de faltas en horas lectivas a lo largo de un mes.

“A nosotros los casos nos pueden llegar de Sanidad, de Policía, o del centro escolar”, explica Montse Blay, coordinadora del departamento de Educación en el Ayuntamiento de Benetússer, uno de los primeros implicados en el protocolo de intervención. En este municipio últimamente suelen tener seis u ocho casos de absentismo anuales, calcula. El caso se aborda en el ámbito municipal con la familia y si ésta no responde y el problema persiste, lo remiten a Fiscalía. Anualmente, son “dos o tres casos” los que llegan allí, señala Blay. Suelen ser casos en los que se produce desprotección del menor”.