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El material incautado en los registros de Brugal en 2010 está sin procesar

La policía envió al juzgado la documentación sin informe por falta de medios y excesiva carga de trabajo por los casos de corrupción

El empresario Enrique Ortiz sale del TSJ valenciano en una de sus citaciones como imputado.
El empresario Enrique Ortiz sale del TSJ valenciano en una de sus citaciones como imputado.

El Grupo de Blanqueo de Capitales en Alicante está desbordado. La carga de trabajo asumida imposibilita que los investigadores puedan informar en los tiempos que demandan los juzgados de casos como el Brugal, en el que una trama político-empresarial pudo lucrarse entorno al negocio de la basura en Orihuela y otros municipios, así como el urbanismo de Alicante.

En un escrito de diligencias fechado el 19 de febrero la policía informó a la juez que instruye la mayor causa del caso Brugal que el pasado octubre le remitió todos los materiales incautados en las redadas realizadas en 2010 y que destaparon al público la investigación. Los envió tal cual, en bruto, y ante los distintos requerimientos judiciales, el último de ellos advirtiendo de la posibilidad de caer en la desobediencia.

Una ingente cantidad de datos informáticos recopilados en hasta once registros —tarjetas de memoria, ordenadores portátiles, sistemas de grabaciones de seguridad, varios discos duros, pendrives y otros soportes— fueron remitidos al Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela sin previo análisis, como se informa en el escrito policial.

El documento es la respuesta al ultimátum dado el pasado mes de enero por la juez Rosa María Villegas, que investiga la presunta adjudicación irregular de la millonaria contrata de gestión de los residuos para la comarca de La Vega Baja. Villegas dio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante un “plazo improrrogable de un mes” para que los agentes remitieran el material informático que fue intervenido en los registros producidos, entre varios lugares, en el palacio de la Diputación alicantina o los domicilios del expresidente provincial, José Joaquín Ripoll, y el constructor, Enrique Ortiz. Junto al material, la juez requería además que se adjuntara el informe escrito con datos relevantes para la investigación.

Casos complejos, mucha presión

El análisis de los materiales incautados en los registros de 2010 es “nuclear”, según fuentes jurídicas, para una investigación cuyos informes llevan retrasándose desde antes que Rosa Villegas se hiciera con el caso. Su predecesora en la causa del plan zonal de residuos de La Vega Baja ya hizo un requerimiento reclamando un análisis de los materiales incautados. En el juzgado de instrucción número 5 de Alicante, el juez Manrique Tejada, que investiga el presunto amaño del urbanismo en Alicante, también hubo de insistir.

“Son casos muy específicos, de una complejidad notable, y para los que se requieren más medios y efectivos”, explican desde el sindicato de la Unión Federal de Policía en Alicante. Desde el sindicato se señaló que las presiones sociales y mediáticas que los investigadores sufren ante los casos de corrupción son “enormes”. “Hemos vivido situaciones en las que los imputados han denunciado a los investigadores o amenazado con hacerlo y debemos estar protegidos ante estas presiones”, recuerdan.. Fue, por ejemplo, Vicente Cotino, que se querelló por difamación contra el agente que firmaba los informes que llegaban a la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PP. El caso del expresidente de Las Cortes destaca especialmente al haber sido Cotino director de la Policía con el Gobierno Aznar.

Los magistrados conocen la situación que viven en la UDEF, que podría ir a peor si se cumplen las previsiones actuales del cuerpo armado para reubicar a los policías según la catalogación. En la UDEF de Alicante, donde actualmente una veintena de policías lidian con el trabajo, al menos siete de estos agentes podrían salir de la unidad e incorporarse a Seguridad Ciudadana, su destinación original.

El caso Brugal es de tal magnitud que dio para abrir más de 20 causas. De la respuesta policial sorprende la franqueza de algunos párrafos, que dan la idea de la desmedida cantidad de trabajo que conlleva este caso, tanto para policías como para magistrados y fiscales, y del descontrol de una instrucción que ha tenido al frente a varios magistrados. En la parte final de la misiva el inspector jefe que firma la carta apunta a la magistrada que “salvo error involuntario, la totalidad del material informático intervenido en los registros domiciliarios efectuados en el marco de la operación Brugal ya han sido remitidos a este juzgado, no encontrándose por tanto material alguno en las dependencias policiales”. Es decir, el inspector jefe no tiene la certeza de que se haya recepcionado la información enviada, que previamente fue escaneada por agentes de la UDEF en Madrid para posteriormente poder ser informada en Alicante. El mismo funcionario, en otra diligencia previa referente a la identificación de un número de teléfono móvil, admite que la información fue enviada a un juzgado distinto, según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Fuentes judiciales confirman que la totalidad de lo enviado permanece en el juzgado y que fue remitido en distinos envíos en octubre de 2014. Las razones para que no existan los informes en cinco años son variadas. La policía considera el Brugal un asunto prioritario “si bien la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupción, con carácter general,… están provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos”.

Tras siete años de instrucción, la causa que ocupa a Villegas está a la espera de procesar a decenas de imputados: entre ellos, además de Ripoll y Ortiz, hay tres exalcaldes de Orihuela y Ángel Fenoll. Este empresario, condenado a 35 años por fraude fiscal, está a punto de ser procesado por un delito medioambiental en el que se han constatado enterramientos ilegales de, como mínimo, un millón de toneladas de basura sin tratamiento.