Sanidad incluye a los 6.000 bebés no regularizados que sacó del sistema

El plazo para solicitar la tarjeta sanitaria de un bebé se ha reducido de un año a 90 días y muchos hijos de inmigrantes quedaron fuera

La Consejería de Sanidad se ha visto obligada a dar marcha atrás en la polémica medida que aplicó a mediados del mes pasado: borrar del sistema informático de los centros de salud los registros de cerca de 6.000 bebés de más de tres meses de vida que no habían sido regularizados. Tras las quejas de asociaciones de pediatras, organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal o SOS Racismo, sindicatos sanitarios y partidos de la oposición, Sanidad ha reculado y ha vuelto a incluir en el sistema a esos niños. Ahora, en los registros, aparece un aviso para que los trabajadores del centro de salud alerten a los padres de que deben regularizar la situación administrativa de los niños.

La controversia se inició cuando Sanidad envió una circular interna a sus centros de salud en la que avisaba de que el plazo para solicitar la tarjeta sanitaria de un bebé se reducía de un año a 90 días. Hasta entonces, los recién nacidos se incorporaban provisionalmente en el sistema informático con la denominación “transeúnte recién nacido”. Los padres tenían un año para pedir los papeles necesarios y hacerles la tarjeta sanitaria. Sanidad decidió reducirlo a tres meses, y borró los registros de unos 6.000 menores de la aplicación informática que usan los pediatras, en la que ven las historias clínicas y con la que les dan cita o les piden pruebas.

Durante los días en los que los registros fueron borrados, los padres se encontraban con que las citas que tenían no aparecían en el sistema, y los pediatras no podían consultar con facilidad las historias clínicas. Fue SOS Racismo quien dio la voz de alarma. La medida, explicó, “afecta directamente a los hijos de los inmigrantes, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación irregular”. El plazo de 90 días, añadió, “es insuficiente para regularizar la situación de los menores y genera graves situaciones de desamparo”.

Antonio Alemany, director general de Atención Primaria, asegura a EL PAÍS que los trámites para solicitar la tarjeta son muy sencillos y que la intención de Sanidad era únicamente “preservar los derechos legales del niño” y “concienciar a los padres” de la necesidad de tramitarla. “Teníamos 2.000 casos que se pasaban del año y sus padres no les hacían la tarjeta sanitaria. Eso causa problemas cuando salen fuera y hace también que paguen el 40% de los medicamentos cuando tienen derecho a no pagar nada”, añade. En cinco días laborables se han regularizado 500 tarjetas de menores, asegura Alemany, lo que demuestra que la medida ha servido para que algunos padres regularicen la situación de sus bebés. El director añade que las historias clínicas siempre se han podido consultar, aunque mediante “tramitación un poco más lenta”.

Alemany asegura que la decisión procede de una queja de los pediatras, que en diciembre exigieron contabilizar a los niños desde el primer día para saber exactamente cuántos tienen asignados. La reducción de plazos de Sanidad “no resuelve el problema”, aseguraron las sociedades pediátricas madrileñas la semana pasada. Y “podría ocasionar perjuicios a los menores cuyas familias tengan dificultades para obtener los documentos necesarios para la solicitud de la tarjeta”.

Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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