El turno de oficio anuncia una huelga de celo desde el 9 de marzo

Los abogados integrantes del turno de oficio (unos 5.500) trabajarán solo a reglamento a partir del próximo 9 de marzo y durante el plazo de seis semanas para protestar por la postura que ha adoptado la Comunidad de Madrid de no revisar los precios de la justicia gratuita. Los letrados solo atenderán a detenidos, a víctimas de violencia de género y de trata y no harán más horas en el servicio de orientación jurídica. Así lo ha anunciado esta mañana la decana del Colegio Oficial de Abogados de Madrid (ICAM), Sonia Gumpert.

Según la responsable del ICAM, los ciudadanos notarán la huelga, pero "en ningún caso" se resentirán sus derechos. Gumpert ha recordado esta mañana que las tarifas que cobran los abogados se fijaron en 2003 y desde entonces solo han sufrido bajadas. En concreto, en 2012, la Comunidad de Madrid decidió bajar de forma unilateral un 20% las asignaciones, lo que supuso un fuerte bajada en las minutas de los abogados del turno de oficio. 

La rotura de las negociaciones con el Gobierno regional, y más concretamente con el departamento que dirige Salvador Victoria, se debe a que el Ejecutivo no quiere recuperar el 20% de reducción. Tacha la propuesta de "excesiva e inviable", según Gumpert, que, por el contrario, la considera "justa y legítima": "Los abogados del turno de oficio han perdido un 44% de su poder adquisitivo en los últimos años".

La decana ha puesto algunos ejemplos de las bajas tarifas que reciben los abogados. Por un procedimiento abreviado cobran 240 euros en lugar de 1.500 o 1.800. En un procedimiento ordinario la diferencia puede ir de los 240 euros a los 3.500 euros. En un proceso laboral por despido, ingresa 144 euros frente a los 900 de un abogado particular. "Los letrados del turno de oficio ganan una media de entre dos y tres euros por hora, y además suelen cobrar con retraso", ha remarcado Gumpert. 

La Comunidad de Madrid adeuda actualmente el tercer y el cuatro trimestre de 2014, que suman 15,2 millones de euros. "Desde el ICAM se ha hecho más de lo que correspondía legalmente para prestar el servicio adecuadamente", ha sostenido Gumpert, que ha dicho que las medidas de presión que se tomarán desde el día 9 durarán seis semanas, aunque mientras tanto están abiertos a una negociación con el Comunidad de Madrid.