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El Estado rechaza las cuentas del Miño-Sil al desconocer sus bienes

La Confederación Hidrográfica lleva cinco años haciendo un inventario

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, creada en 2008, lleva desde entonces sin elaborar un inventario de sus bienes y derechos, como es su obligación, lo que ha llevado a la Intervención General del Estado a rechazar todas las cuentas que el ente le ha sometido para su auditoría. En las últimas, correspondientes a 2013 y remitidas el pasado octubre, la Intervención destaca que ha llamado la atención sobre esa falta de inventario en todos sus informes de auditoría emitidos desde la creación de la Confederación, pero que en ese último ejercicio “no se ha llevado a cabo ninguna actuación relacionada con los trabajos de elaboración del inventario”. Por ello, la fiscalización del Estado deniega la emisión de su dictamen sobre las cuentas del organismo ya que “no ha sido posible comprobar la existencia, composición y correcta valoración de la totalidad de dichos bienes”.

 Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, del que depende la Confederación Hidrográfica, su Dirección General del Agua contrató en 2009 la elaboración del inventario para los entes del Miño-Sil y el Cantábrico, el otro con el que compartía la extinta Confederación del Norte. “A día de hoy todavía no se ha recibido el resultado del contrato adjudicado para la realización del programa informático y las bases de datos y la carga inicial de las unidades que componen el inventario”, admite el Ministerio, que añade que ante esa “tardanza” la Confederación gallega ha optado por, “desde enero de 2015”, ir cargando esos datos en un sistema provisional.Según la Intervención del Estado, “hasta la fecha la cantidad gastada por la Dirección General del Agua en relación con los trabajos de elaboración del inventario para las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y Miño-Sil continúa siendo de 1.098.573, 70 euros”.

La Confederación Miño-Sil se separó de la del Cantábrico en 2008 y comenzó a funcionar de forma efectiva al año siguiente con sede en Ourense y presidida por Francisco Fernández Liñares, hasta entonces concejal socialista en Lugo. Fernández Liñares dejó el cargo a principios de 2012, cuando cambió el Gobierno central. En septiembre de ese año fue detenido en la Operación Pokémon, la mayor causa por corrupción política de Galicia, de la que es uno de sus principales imputados y en la que ha confesado el cobro de sobornos. Su sucesor fue Francisco Marín, anteriormente jefe de servicio en la Consellería de Medio Rural.