El Supremo envía a Alaya el informe de Griñán y Chaves en el ‘caso ERE’

El Tribunal Supremo ha remitido a la juez Mercedes Alaya el informe pericial sobre el caso ERE aportado por los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán para defender la legalidad del procedimiento empleado en los ERE. El alto tribunal, que instruye la parte que afecta a los cinco cargos aforados, echa un capote a la magistrada por razones de “auxilio judicial”, ya que Alaya había reclamado esta contrapericial sobre los ERE firmada por los catedráticos Juan Zornoza (Universidad Carlos III) y Miguel Ángel Martínez Lago (Complutense), un informe que se opone al informe de la Intervención General del Estado, la prueba clave de cargo que censuraba con dureza el fondo.

Griñán intentó evitar el envío a Alaya con un recurso, pero el instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro lo ha desestimado. La respuesta del magistrado al recurso del expresidente fue que Alaya tiene potestad para proseguir con su instrucción paralela, y que las partes pueden recurrir ante la Audiencia de Sevilla si están en desacuerdo con la juez.

La juez dictó un auto el pasado septiembre en el que rechazaba la ratificación de los peritos del Estado porque les causaría “indefensión” a los excargos del Gobierno andaluz. Al ratificar el informe el jueves, el peligro de indefensión ha desaparecido para Alaya solo cinco meses después de su propia resolución.

Fuentes del alto tribunal alegaron ayer sobre la potestad de la juez: “Es Alaya a quien corresponde decidir con autonomía la fecha, extensión y condiciones procesales en la que debe practicarse esa diligencia [la ratificación de los peritos del Estado], sin perjuicio de que se presenten recursos ante la Audiencia de Sevilla”.

Alaya había explicado que la pericial aportada por Griñán y Chaves afectaba a la ratificación de los peritos del Estado, que se llevará a cabo este jueves en su juzgado sevillano. Ahora Barreiro ha dado vía libre y le remite el informe de los catedráticos. El instructor del Supremo argumenta y ve “razones obvias de auxilio judicial”, las mismas que aplicó la Sala de Admisión del Supremo para instar a Alaya a remitir todo lo relacionado con los aforados.

Mientras el Supremo investiga, Alaya instruye en paralelo, de ahí el acto de ratificación del jueves. El problema es que esta prueba clave del caso afecta de lleno a los cinco diputados y senadores socialistas aforados, pero sus defensas no pueden acudir a Sevilla porque no están personados.

Las espadas están en alto y los argumentos enfrentados han sido expuestos. Los peritos del Estado en diciembre de 2013 y la contrapericial de los catedráticos hace un mes. Los interventores calificaron el mecanismo de pago en los ERE a través de las transferencias de financiación, una herramienta habitual en todas las Administraciones públicas, de “inadecuado” e “improcedente”. Apoyándose en este informe pericial, Alaya mantiene que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal para repartir ayudas entre trabajadores y empresas y ve indicios de prevaricación y malversación en los expresidentes Chaves y Griñán y en siete exconsejeros.

El informe pericial presentado por Griñán defiende, por el contrario, la legalidad de las transferencias de financiación y focaliza el fraude en la gestión del dinero público que se hizo en la Consejería de Empleo.

Diversos abogados personados en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por el caso ERE han recurrido ante Alaya para pedirle la suspensión de la comparecencia de los peritos, ya que no se les ha dado traslado del informe pericial de los catedráticos. Los letrados arguyen que no disponen de tiempo para poder estudiar la contrapericial antes de que los interventores del Estado comparezcan pasado mañana, informó Europa Press.

Victor Moreno Catena, abogado de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, cuyo caso analiza el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha presentado ante Alaya un escrito para intentar frenar “la indefensión”.

El letrado subraya que Alaya ha reconocido “su propia falta de competencia” al respecto. Además, le pide que posponga este acto para no interferir en las elecciones andaluzas, tal y como ha destacado el presidente del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, “para importunar lo menos posible”: “Este elemental sentido de la prudencia aconseja hacer lo propio en el juzgado de instrucción, sin ordenar de improviso actuaciones demoradas por más de un año, procurando que no se pueda interpretar una decisión judicial como un acto que llegue a influir en el proceso político en curso”.

De este modo, todo indica que los peritos del Estado acudirán este jueves a la ratificación de su prueba ante Alaya, sin las defensas de los aforados pero con los abogados de los imputados a los que afecta la rama político financiera. Entre ellos, los 20 ex altos cargos de la Junta como Magdalena Álvarez y el exinterventor Manuel Gómez.