El exgerente del PP mantiene el pulso con Baltar y ratifica sus denuncias

El exgerente del PP ourensano que destapó la supuesta financiación ilegal del partido mantiene el pulso a la dirección provincial que preside José Manuel Baltar. Emilio Pascual insiste en su testimonio sobre la presunta caja b que desveló el pasado noviembre ante la juez instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara y que este lunes completó con la aportación de recibos de los supuestos pagos en negro a dirigentes del partido, según confirmaron a este diario fuentes próximas al caso. Tras asegurar hace unos días ante la juez que estaba siendo sometido a “presiones” para callarlo, Pascual compareció este martes en el acto judicial de conciliación al que lo emplazó Baltar en nombre del PP con el objetivo de que se desdijera de sus acusaciones. No lo hizo.

 El presidente provincial no tuvo ayer agenda pública, y la posición de los populares sobre la insistencia de su extrabajador en afirmar que “todo el mundo en el PP conocía la existencia” de la supuesta caja b la ofreció a los medios de comunicación el abogado contratado por el partido para este caso, Juan Ramón Montero. El letrado anunció que la organización política acudirá a la vía judicial por las “ofensivas” declaraciones de Pascual, “absolutamente contrarias a la realidad”. “Tuvo la oportunidad, pero no desmintió ni rectificó las declaraciones” que resultaron “ofensivas para toda una organización sin justificación alguna”, justificó Montero la decisión del PP de acudir a la vía judicial a la que ya Baltar había dicho el pasado noviembre que recurriría “con toda contundencia”.

La decisión de los populares ourensanos de denunciar judicialmente al exgerente del partido durante 27 años se produce mientras la instructora de la Pokémon investiga, basándose en las declaraciones del propio Pascual, a 24 dirigentes del partido. De Lara intenta determinar si colaboraron en la comisión de los supuestos delitos de apropiación indebida, soborno, tráfico de influencias y falsedad documental, además de posibles delitos electorales.

En un auto emitido el pasado diciembre, la instructora daba credibilidad a la versión de su testigo al manifestar que considera que se utilizó un “elaborado sistema” de “facturación falsa y ficticia” para encubrir supuestos gastos del PP relacionados fundamentalmente con publicidad electoral y que “para no superar el límite legal establecido, serían facturados a nombre de diversas personas jurídicas” y de “diferentes personas que ostentan cargos” en el partido.

Este martes, tras el fracasado intento de conciliación, el abogado del PP precisó que el testimonio de Pascual ante De Lara “no es, evidentemente, objeto de conciliación alguna”. Los populares centran la denuncia en las declaraciones que el exgerente realizó a algunos medios en noviembre, cuando se ratificó en el testimonio que recogía el auto de la juez sobre la supuesta financiación ilegal, después de que Baltar lo negara y asegurara que lo había despedido por su “dudosa profesionalidad”.