Barberá mantiene su plan del Cabanyal en el nuevo PGOU

Las elecciones locales se acercan y la situación urbanística del Cabanyal-Canyamelar, un barrio de Valencia con 21.000 habitantes, continua en una nebulosa. El planeamiento del PP, aprobado en 2001, con la prolongación de una avenida que fracturaba el conjunto histórico, aparece de nuevo en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia pese a que fue suspendida por una orden del Ministerio de Cultura en vigor desde diciembre de 2009.

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer la situación por insostenible y reclamó que, con el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar suspendido por una orden avalada por los tribunales, el estatus urbanístico del barrio marinero debería ceñirse a lo dispuesto en el PGOU de 1988 y, por tanto, el Consistorio debería de conceder de nuevo licencias de obra y actividad a los vecinos de la antigua Vilanova del Mar.

Joan Calabuig, portavoz socialista, aseveró que con la publicación de la orden ministerial que determina que el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar de 2001 supone un expolio patrimonial, “deben establecerse las nuevas normas urbanísticas, y permitir la concesión de licencias anulando la suspensión aprobada en abril de 2010, para que los vecinos rehabiliten sus casas”. Y añadió: “El empeño por hacer creer que todo debe seguir igual en el barrio es realmente preocupante”.

Alfonso Novo, concejal delegado de Urbanismo de Valencia precisó a los socialistas que el plan de 2001 no está anulado sino suspendido e insistió en que el embargo de licencias “lo avalan sentencias judiciales”. “Nuestro objetivo es desbloquear la ejecución del plan de reforma”, subrayó el responsable de las políticas urbanísticas de la capital.

Perdida la batalla judicial y política en defensa del plan de 2001, el Gobierno local de Rita Barberá claudicó y aprobó un plan alternativo que mantiene la prolongación de la avenida y el derribo de centenares de casas en este barrio que ocupa 1.300 kilómetros cuadrados. El último episodio es la condena del Tribunal Supremo al Ayuntamiento a pagar 2.000 euros en costas tras desistir del último recurso contra el planeamiento de 2001. “El PP juega con los órganos judiciales y el dinero de los valencianos de manera partidista y sabiendo que tiene todas las de perder", criticó el portavoz de Compromís, Joan Ribó.

Salvem El Cabanyal, plataforma ciudadana crítica con los planes del Ayuntamiento, y los grupos políticos de la oposición —PSPV, Compromís y EU—interpretaron el nuevo trazado como otra agresión. “Antes utilizaba un hacha para abrirse paso en El Cabanyal y ahora es un cúter, pero es un plan que se clava en el corazón del barrio” dijo en el pleno donde se aprobó el nuevo plan el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallart.

Los técnicos del Ministerio de Cultura estudian desde hace meses si los nuevos planos se ciñen a la orden ministerial o, por el contrario, expolian el conjunto histórico-artístico del marítimo.

El nuevo plan recibió más de 25.000 alegaciones de sectores profesionales y vecinales están a la espera de contestación. Salvem ha anunciado acciones que promoverán a lo largo del año para reactivar el barrio. Los comerciantes han exigido a Barberá que otorgue licencias porque la degradación se extiende por las calles del Cabanyal: más de un centenar de casas ocupadas ilegalmente (70 de propiedad pública y 50 de privados), enganches ilegales a la red de luz y agua, patios repletos de chatarra, basura arrojada desde los balcones y falta de limpieza.