Los bomberos privados suspenden la huelga tras 500 días

Los bomberos de los parques de gestión privada suspendieron ayer la huelga en la que llevan inmersos desde septiembre de 2013 para reclamar que se igualen las condiciones de trabajo en toda Galicia. Cumplidos 500 días desde el inicio de la protesta, los efectos hasta hoy han sido escasos, debido en buena parte a la poca presión que conllevan unos servicios mínimos casi idénticos a la jornada normal. Tras varios amagos, los representantes de los trabajadores y las tres empresas que gestionan parques se citaron hoy para constituir una mesa de negociación.

 La huelga vino alimentada por las quejas sobre la deficiente coordinación de los servicios de emergencias en el accidente de tren de Angrois, donde bomberos de un parque usaban frecuencias de radio e indumentarias distintas de los del de al lado, entre otras disparidades. La polémica puso de manifiesto entonces la diferencia de salarios y la escasez de efectivos en los parques, 23 en toda a comunidad, entre los que no están los de las ciudades y el de Silleda, que son de gestión pública. Galicia es la única comunidad autónoma que externalizó su servicio de bomberos.

Con servicios mínimos de tres personas por turno, prácticamente los mismos que trabajarían en una jornada normal, las molestias al patrón no han sido insoportables en este año y medio escaso de protesta. “No se participaba en los simulacros en colegios, por ejemplo. Tampoco nos preocupábamos del mantenimiento de las instalaciones, si se funde una bombilla o hay una gotera no es cosa nuestra", enumera José Luis Pareja, unos de los portavoces de la Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia, que engloba a los representantes de los trabajadores de varias centrales. Los turnos de tres personas contrastan con los 10 que acostumbra haber en los parques de las ciudades.

En las negociaciones juega en contra de los bomberos el reparto de responsabilidades entre el sector público y privado. La Xunta está obligada por ley a aprobar un reglamento del bombero profesional —tenía que estar listo en 2008— y a homogeneizar condiciones de trabajo —deberían haberse equiparado antes de 2011— pero hasta ahora no lo ha hecho, y se limita a fijar unas condiciones mínimas en los pliegos. Las empresas, por su parte, se ciñen a estas prescripciones para el servicio y son reacias a pactar mejoras.

Donde sí ha avanzado la Xunta es en la reorganización de los parques, que han pasado de una estructura comarcal a la provincial, con financiación mixta entre el Gobierno autónomo y las diputaciones. La provincia más rezagada es Ourense, que acaba de aprobar los estatutos. En A Coruña, en cambio, las empresas se juegan ahora un jugoso contrato de 67 millones de euros para hacerse con la gestión de 10 parques durante ocho años, con una posibilidad de prórroga por el mismo plazo que elevaría el montante a unos 135 millones. Es la primera vez que se saca a concurso el lote entero, que hasta ahora se había otorgando por partes, o individualmente, según se iban inaugurando nuevos parques. Los aspirantes son Veycar, de un lado, y del otro la unión empresarial entre Natutecnia y Matinsa. Las tres empresas se reparten en la actualidad la gestión de los 23 parques: Matinsa en Pontevedra y las otras dos en el resto de provincias.

Con el nuevo contrato en el horizonte y una competición por ofrecer al consorcio más servicios por menos dinero para hacerse con la adjudicación, las perspectivas de que se alcance un acuerdo en la reunión de hoy o en las que de ella deriven no son excepcionales, sobre todo en los extremos que a los trabajadores más interesan, que son los salarios y la denominada segunda actividad, que se refiere al trabajo de los bomberos cuando no están en una intervención y que afecta sobre todo a los profesionales más veteranos. “Un bombero funcionario tiene derecho a prejubilarse a los 60 años. A nosotros eso no se nos reconoce, nos jubilamos a los 67, y eso puede dar lugar a quedarse en la calle por ser declarado no apto”, explica Pareja, que entiende que no están reguladas las labores que no son de intervención directa, como puede serlo las preventivas o de formación, a las que se podrían ir encaminando quienes acumulan más tiempo de servicio. “Eso es lo que hay que negociar. En cuestiones como el número de turnos, si los permisos se retribuyen por guardias o por días naturales o el régimen disciplinario las diferencias son mínimas”, indica Carlos Sayar, otro de los portavoces, que incide igualmente en los riesgos de ir cumpliendo años. “Un hombre de 60 años no va a sacar al hombro a alguien de 80 kilos de un quinto piso en llamas”, pone por ejemplo.

La renuncia a la huelga también está amenazada por los conflictos laborales entre Natutecnia y los trabajadores de los parques que gestiona en Cee, As Pontes, Santa Comba, Sarria, Chantada y Monforte, que no amainaron cuando se firmaron los convenios de empresa. “Llevamos desde 2012 intentando negociar, pero las empresas siempre lo han dilatado. Vamos a ver si ahora han hecho los deberes”, dice Pareja, que describe la desconvocatoria de la huelga como un acto de buena voluntad, pese a que no hayan logrado aún satisfacer sus reivindicaciones. Las empresas no respondieron ayer a la petición de EL PAÍS para que comentasen sus perspectivas ante la negociación.