Una pelea de perros acaba en el Tribunal Superior valenciano

Todo está listo para que la parlamentaria del PP en las Cortes Valencianas Elisa Díaz se siente este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía pide para Díaz, hija del exalcalde de Alicante imputado en el caso Brugal Luis Díaz Alperi, un año y medio de cárcel por un supuesto delito de lesiones. La víctima fue presuntamente una mujer inglesa a la que, según el escrito de acusación del fiscal, la diputada causó una “sordera total” en el oído derecho al propinarle un golpe. La riña entre ambas empezó con la pelea de sus perros en una protectora de animales de Orihuela de la que eran voluntarias.

La diputada ha admitido la bronca. Pero durante la fase de investigación judicial rechazó haber sido la causante de la pérdida de audición. El fiscal también acusa a la ciudadana británica, llamada Jasmine, aunque en su caso de una falta de lesiones castigada con una multa.

Díaz se convertirá en el sexto miembro del maltrecho Grupo Popular en las Cortes Valencianas en sentarse en el banquillo de los acusados a lo largo de la legislatura iniciada en 2011.

A diferencia de quienes le han precedido en el trance, el expresidente Francisco Camps, el ex número dos del PP regional Ricardo Costa, el actual portavoz parlamentario Jorge Bellver, el exconsejero Rafael Blasco, y el antiguo alcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, Díaz no ha sido acusada de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias ni ningún otro hecho ilícito asimilable a la corrupción.

Ello le ha servido para eludir la llamada línea roja ante los imputados proclamada por el presidente valenciano, Alberto Fabra. A la vuelta del verano, preguntado por los problemas judiciales de Díaz, el presidente de la Generalitat restó importancia a la acusación, a la que se refirió como “una galleta”, y afirmó que la diputada afrontaría el “desagradable incidente” como “ciudadana, no como cargo público”.

Está previsto que el juicio empiece este martes con las declaraciones de las dos acusadas y termine el miércoles con el interrogatorio a los peritos. La clave, según fuentes conocedoras del caso, estriba en si los jueces consideran que fue efectivamente Díaz la que provocó la sordera o si entienden, como ya ha adelantado su defensa, que la supuesta víctima padecía la dolencia con anterioridad.

“Jasmine”, según el fiscal, “sufrió lesiones de las que tuvo que ser atendida a las 15.42 horas del 14 de agosto de 2013 en el centro de salud de Almoradí”. De allí fue enviada al Hospital de la Vega Baja, en Orihuela, donde ingresó con un fuerte dolor de oído y falta de audición “asociada a inestabilidad y mareos en los giros de la cabeza”. Fue dada de alta el día 15 de agosto pero volvió a ingresar al día siguiente hasta el 21 del mismo mes. La mujer necesitó para “la curación/estabilización de sus lesiones 30 días”.

La Fiscalía considera que Díaz causó las lesiones de forma imprudente

La Fiscalía considera que Díaz causó las lesiones de forma imprudente. A pesar de ello, la pena solicitada contempla la cárcel porque los hechos encajan en el supuesto del artículo 149.1 del Código Penal, que parte de castigos muy severos. “El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años”.

Aunque fuera aceptada por el tribunal, la pena solicitada por el fiscal no implicaría en principio la entrada en prisión de Díaz al no llegar a dos años. Pero el ministerio público ha solicitado también que la diputada sea inhabilitada para presentarse a las elecciones durante el tiempo de condena, lo que podría impedir a Díaz repetir en las listas populares en las elecciones autonómicas de mayo.