Pilar Sánchez firmó la subvención a Tisa por falta de “reparos técnicos”

La exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, ha negado ante la juez su participación en la tramitación de una subvención supuestamente irregular concedida a la empresa sevillana Tecnología e Innovación Sanitaria (Tisa) para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial de la ciudad (PTA). Fiscalía pide para la exregidora siete años de prisión y 17 de inhabilitación por favorecer a la compañía con una rebaja máxima en el precio del suelo en detrimento de otras empresas que inicuamente contaban con mayor puntuación.

Sánchez defendió en sala la subvención de 244.000 euros otorgada en forma de minoración en la tarifa del terreno municipal, aunque descargó toda la responsabilidad de la gestión en los técnicos. “Me llegó un informe sin reparo alguno, sin datos que pudieran indicar una irregularidad en el proceso y lo firmé porque mi objetivo como alcaldesa era que llegasen a la ciudad el mayor número de empresas y ésta era la de mayor inversión de los últimos 20 años", dijo. Tisa, que nunca se llegó a instalar en Jerez, planteaba una inversión inicial de casi 8 millones de euros.

A partir de esa declaración inicial, Sánchez señaló en el juicio que se celebra desde el martes en la sección jerezana de la Audiencia provincial que ni vio el informe que avalaba una reducción del 40% en el precio del suelo para Tisa, ni lo encargó, ni conocía al técnico que lo elaboró, ni sabía que lo firmó un capataz sin capacidad para hacerlo. Según Sánchez, ni siquiera había visto antes de la firma del contrato a los administradores de la compañía generadora de oxígeno.

¿Por qué firmó un capataz agrícola un informe de valoración para la concesión de una subvención de 244.000 euros?. La exalcaldesa dijo no saberlo. A lo largo del proceso de la ayuda se firmaron dos informes sobre Tisa, uno con una puntuación y un segundo que elevaba esa puntuación para otorgar así la ayuda máxima a la empresa. Los dos informes los elaboró un técnico de la delegación municipal de Medio Rural, pero el autor del documento rubricó el primero y se negó a estampar su firma en el segundo. Fue entonces cuando, para sacar adelante la subvención, la exdelegada del área, María del Carmen Martínez, también imputada, llamó a un capataz para que diera el visto bueno al nuevo baremo. El trabajador en cuestión, Salvador Rubio, también acusado, ha asegurado en la vista que le pidieron que firmara el texto porque “no localizaban” al técnico que redactó el informe. “Yo advertí que no sabía de esto, pero me dijeron que el documento tenía que estar listo ese día y que todo estaba bien. Fue un momento tonto. Confié y firmé”, ha declarado Rubio.

Este es el tercer juicio para Pilar Sánchez. Fue absuelta de la contratación de cinco personas en el Ayuntamiento y condenada en primera instancia a dos años de prisión por pagar nóminas en el Consistorio jerezano con fondos del Plan E. Desde el mismo día que se conoció la sentencia, la exalcaldesa se dio de baja en el PSOE y dimitió como alto cargo de la Consejería de Educación.