Los errores urbanísticos amenazan a Sanxenxo con la bancarrota

La política urbanística de Sanxenxo ha generado un lastre financiero insoportable para la ya debilitada economía municipal, 15 años después de la aprobación de un plan general cuyos patentes errores castigados por los tribunales crearon una de las mayores burbujas inmobiliarias en la costa gallega. El principal centro turístico de las Rías Baixas sigue acumulando un nivel de endeudamiento que hipotecará las arcas municipales hasta al menos la mitad de este milenio. Con 19 imputados por dudosas licencias urbanísticas, entre los que se encuentran políticos (como la alcaldesa, Catalina González, del PP, y la actual secretaria de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas), técnicos y promotores, implicados en presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y la administración pública, el gobierno local tiene que acatar en el horizonte más inmediato la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le obliga a expropiar una parcela de 3.000 metros cuadrados declarada zona verde en el centro urbano. La ejecución del fallo llega cuando el municipio ya está pagando por otros errores urbanísticos un millón de euros al año más intereses y debe afrontar otros casi cinco por indemnizaciones y derribos pendientes. El precio de la expropiación que se debate ahora en los tribunales podría ser la vuelta de tuerca para acabar estrangulando sus exiguos ingresos desde que la crisis obligó a cerrar la Xerencia de Urbanismo, creada para administrar la euforia de la época dorada del ladrillo, que llegó a multiplicar por cuatro el actual presupuesto municipal (de unos 30 millones). Este fallo judicial amenaza al Ayuntamiento desde 2008, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG admitió parcialmente la demanda de los propietarios de la parcela a partir de los planos del plan general aprobado en 2003 cuando era alcalde el hoy diputado nacional del PP Telmo Martín. El caso inicia su recta final después de que los dueños, los hermanos Rocafort, hayan presentado ante el Xurado de Expropiación de Galicia una tasación de 47 millones de euros basándose en los precios vigentes cuando el plan entró en vigor, al comienzo del bum.

 Los propietarios intentaron anular el Plan de Ordenación que calificó como zona verde la parcela situada en la Rúa das Cunchas, en la segunda línea de la playa de Silgar, y exigieron que se les diera los mismos derechos de edificación que a las fincas colindantes. Uno de los motivos para impugnar el documento urbanístico fue la ausencia de un estudio financiero sobre las actuaciones previstas, además de un flagrante error que afectaba a la parcela en litigio: la empresa que elaboró el documento, Interurban, adscribió la finca en litigio a la zona de Canelas, en Portonovo, que se encuentra a dos kilómetros de distancia y con unas características de suelo diferentes. El TSXG enmendó ese error en 2008 y acordó que el Ayuntamiento debía expropiar la finca. Eso sí, “aun admitiendo como irregular la actuación de la Administración municipal demandada”, el tribunal desestimó la anulación del conjunto del plan de urbanismo que había sido aprobado cinco años antes. El Ayuntamiento ha intentado todos los recursos legales posibles para retrasar lo inevitable, pero el asunto está de nuevo en el TSXG, ahora para que la misma Sala de lo Contencioso determine el precio final de la expropiación. El consistorio esperó hasta el último momento para impugnar la tasación de los propietarios, mientras el Xurado de Expropiación estipulaba en 3.010.872 euros el valor de la parcela, a los que hay que sumar otro medio millón de euros hasta la fecha por los intereses acumulados.

Los propietarios han recurrido las estimaciones del Xurado de Expropiación y elevan notablemente sus exigencias basándose en los parámetros de edificabilidad de la parcela si esta se hubiese declarado urbanizable como las otras fincas colindantes. Además, los hermanos Rocafort señalan que Xurado ha reducido la superficie real a 1.750 metros cuadrados y les ha otorgado un valor de 1.800 euros por metro, cuando ellos defienden que el justiprecio debe ascender a 14.000 por metro. También el Ayuntamiento ha recurrido la tasación del Xurado. Mientras el caso se dirime en los tribunales, los intereses que van engordando la cuenta para la Administración municipal suman 100.000 euros al año.

El TSXG deberá dirimir estas diferencias sobre la superficie y los bienes a valorar, que, en ningún caso, serán inferiores a los tres millones, más intereses, que ya fijó el Xurado de Expropiación. Aunque el fallo judicial está aún en el aire, expertos consultados apuntan a que lo habitual en casos como este es que el finiquito esté muy por encima del que determina el Xurado y muy por debajo del que reclaman los propietarios. Las mismas fuentes señalan que, de mantenerse esa línea de actuación, la cifra final podría rondar los 10 millones de euros.