“Hay un terrorismo institucional que persigue a los activistas sociales”

Roberto Rivas es bombero en A Coruña y activista de Stop Desahucios. Su gesto de hace año y medio al negarse a facilitar el desahucio de la anciana Aurelia Rey y la resistencia de hace unas semanas ante el derribo de una vivienda familiar en el barrio coruñés Elviña lo han convertido en un símbolo. Él rechaza este protagonismo y defiende que lo importante es el trabajo colectivo.

Pregunta. Es el rostro más visible de la lucha contra los desahucios en A Coruña. ¿Cómo asume esa responsabilidad?

Respuesta. Es un error focalizar en personas un trabajo que es de todos. Tenemos que cambiar el planteamiento: un gesto individual no es lo importante, sino el trabajo de todo un colectivo. No creo en héroes, creo en la lucha colectiva y en los movimientos de base. La gente busca liderazgos pero lo que importa es todo lo contrario.

P. Se negó a facilitar el desahucio de la anciana Aurelia Rey y se subió al tejado de una casa que iba a ser desalojada en Elviña. ¿Cómo recuerda esos dos desahucios?

R. Son casos diferentes porque el día del desahucio de Aurelia me tocó trabajar, y al de Elviña fui como un activista de Stop Desahucios más. Todos son muy dramáticos, pero más allá de los casos concretos, nosotros luchamos contra las leyes en sí. Defendemos a todos los afectados por igual e intentamos ayudarles en la medida que podemos. La ley actual es injusta: no diferencia entre una persona que no quiere pagar y otra que no puede hacerlo. Da igual el estado en que te encuentres, si tienes trabajo o no, las cargas familiares... Te vas a la calle y ya está. Y además lo hacen dentro de la legalidad, que no de la legitimidad. Tenemos unas leyes tan injustas que permiten este tipo de situaciones. Pero no solo eso, sino que se persigue a todas las personas que están luchando para que esto cambie, a todos los activistas sociales. Para mí eso es terrorismo institucionalizado, violencia estructural por parte de las instituciones.

P. El día del desahucio de Aurelia Rey, al levantar el cartel de Stop Desahucios se puso el casco. ¿Qué intentaba? ¿Hacer la protesta en nombre de todos los bomberos?

R. Sí, lo hice por eso en parte, pero también para destacar que lo que estaba haciendo yo lo estaba haciendo el colectivo. No fui yo como bombero quien logró parar el desahucio, sino el colectivo Stop Desahucios y toda la gente que acudió ese día. Se está personalizando mucho en mí lo que en realidad es de todos. Eso es algo en lo que nunca he creído y ahora me está pasando. El 29 de noviembre, por ejemplo, me tocó el marrón de leer el manifiesto en las Marchas de la Dignidad. Es algo que no me gusta demasiado, pero sirve para visibilizar nuestro trabajo.

P. Dentro de su parque de bomberos, ¿tiene compañeros que también estén participando en este tipo de activismo?

R. Sí, y cada vez más. Lo noté mucho en el desahucio de Elviña, y si algo me alegró fue la solidaridad de mis compañeros. Cuando estaba en el tejado, recibí el mensaje de que la policía estaba requiriendo los servicios de los bomberos y por unanimidad los que estaban ese día de guardia se negaron a obedecer la orden.

P. ¿Cuál es el trabajo diario de Stop Desahucios en A Coruña?

R. En este momento estamos desbordados. Tenemos asambleas de afectados una vez al mes, y cada vez acuden unas 20 personas con sus casos. Nosotros recogemos todos, pero tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los más inminentes. Es un trabajo muy duro, porque solemos llevar las de perder. Somos gente que estamos invirtiendo nuestro tiempo en esto de manera voluntaria y no damos abasto. Además, estamos asumiendo una función que es del Estado: no somos las asociaciones las que tenemos que defender los derechos de los ciudadanos, sino que es competencia de los organismos oficiales. Y muchas veces lo que está pasando es que las Administraciones delegan en nosotros: cuando alguien va con problemas de vivienda, les recomiendan extraoficialmente que acudan a Stop Desahucios para estar bien asesorados.

P. ¿Cree que están canalizando muchos problemas de la sociedad a través de su trabajo?

R. Sí, sin duda. Lo que se está ofreciendo ahora como solución es la caridad, que no tiene nada que ver con lo que se le tiene que exigir a una sociedad avanzada, que es la solidaridad. La diferencia es que la caridad se ejerce de arriba a abajo, con unas estructuras desiguales. Y la solidaridad se da entre iguales. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna. Es indecente, violento y estúpido echar a la gente de sus casas. A eso me refiero cuando hablo de terrorismo institucional.

P. El gesto de negarse a cortar la cadena del portal de Aurelia Rey y alzar un cartel de Stop Desahucios le costó una multa de 600 euros por desobediencia. ¿La considera una sanción injusta?

R. Es que al final la multa no fue por desobedecer la orden, a mí me habría encantado entrar en un proceso judicial que cuestionase si yo como bombero tengo que llevar a cabo esa función. Pero es que son tan cobardes que castigan mi acción: los jefes policiales modifican el atestado y dicen que he alterado e incitado a las masas. Al mostrar el cartel, yo quería visibilizar que los bomberos no tenemos que hacer esas funciones. Nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, no para echarlas de sus casas. Yo no incité a nadie y mucho menos a la violencia. Fue un proceso teledirigido en el que se me declaró culpable siendo inocente.

P. ¿Por qué decidió entonces no recurrir?

R. Decidí no recurrir porque no creo en la justicia. Después de los hechos y de ver el atestado, reflexioné durante un tiempo e intenté pensar si realmente podría haber incitado en algún momento. Pero hablé con la gente que estaba allí y todo el mundo coincidía en que no hubo violencia, sino solidaridad. Lo que para todos estaba clarísimo una jueza no lo ve claro, con la presunta veracidad del atestado policial. Pero yo no necesito que ningún juez o tribunal avale mi inocencia porque tengo la conciencia muy tranquila. Soy culpable de no colaborar en un desahucio, y me encantaría que se me juzgase por ello, pero no de las mentiras de las que se me han acusado.

P. El juicio provocó una cadena de solidaridad por parte de mucha gente.

R. Sí, hubo mucha gente anónima que se interesó por el caso y que quería colaborar en el pago de la multa. Pero yo soy funcionario público, mi sueldo me lo paga la ciudadanía. Así que decidimos que, si había aportes, que fuesen para pagar todas las multas que hubo ese día. Por eso iniciamos una campaña de apoyo con un número de cuenta en la banca ética Fiare, en el que estamos recibiendo pequeñas aportaciones para que la gente no tenga que afrontar el pago a nivel individual. Llevamos la mitad del dinero que necesitamos para pagar todas las multas —7.000 euros en total— y esperamos conseguir el resto gracias a la solidaridad de la gente.