El fondo dueño de la deuda del tranvía pide “medidas cautelares” contra Parla
Sagasta Corporate solicita al juez que el Ayuntamiento le abone 29 millones
Sagasta Corporate Finance SARL, el fondo de inversión radicado en Luxemburgo que en agosto de 2013 compró por 73 millones de euros parte de la deuda que el Ayuntamiento de Parla mantiene con la concesionaria del tranvía, ha demandado por impago al Ayuntamiento, al que exige 29 millones, y para el que pide “medidas cautelares”, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La ciudad, de 125.000 habitantes, tiene un déficit de 343 millones y una “nula” liquidez y solvencia, según la Intervención municipal. Parla, gobernada por el PSOE, cerró 2013 con un déficit de 14,7 millones. Desde 2009 promedia pérdidas por 25. El tranvía tuvo un sobrecoste de 41 millones y su precio se disparó hasta casi 150. Eso sin contar los intereses a pagar hasta 2037, que dejan un coste global de 256 millones.
La denuncia, admitida a trámite “por desestimación por silencio de reclamación de abono de facturas”, se presentó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de Madrid el 14 de noviembre. Justo ese día tomó posesión como alcaldesa la socialista Beatriz Arceredillo, crítica con la gestión de sus antecesores: Tomás Gómez, regidor entre 1999 y 2008 y actual secretario general del PSOE en Madrid, y José María Fraile, que renunció al cargo en octubre tras su imputación en la Operación Púnica, que investiga el presunto pago de sobornos a cambio de contratos públicos.
Acreedores ante el despacho oficial
Con un presupuesto real que no alcanza los 70 millones de euros, Parla debe unos 370. Esta ciudad de 125.000 habitantes tiene, por tanto, sus arcas casi vacías. Hoy por hoy, las cuentas bancarias registran algo menos de un millón de euros, cantidad que la alcaldesa, la socialista Beatriz Arceredillo, guarda como oro en paño para hacer frente a imprevistos diarios.
Pero las facturas se siguen acumulando día tras día. El Ayuntamiento tiene unos gastos fijos mensuales superiores a los cuatro millones, mientras que los acreedores —algunos de ellos completamente desconocidos para los actuales gestores municipales— no cesan de llamar repetidamente a las puertas del Consistorio exigiendo lo que se les debe.
A la contrata de recogida de basuras, el Consistorio le adeuda más de dos millones, a la Seguridad Social otros 15, al fondo propietario de la deuda del tranvía los 29 millones que le reclama por vía judicial, aunque la cantidad total es muy superior.
El Ayuntamiento, según las fuentes municipales consultadas, está dispuesto a pagar, pero necesita tiempo ya que está intervenido por el Ministerio de Hacienda. “Vamos a pedir un aplazamiento de unos ochos meses, el máximo tiempo permitido legalmente, para abonar lo que se debe al fondo Sagasta”, anuncian las citadas fuentes.
Ya en diciembre de 2011, el Tribunal de Cuentas aupó a este Ayuntamiento como el municipio español de más de 5.000 habitantes con más deuda a proveedores por habitante, con un promedio de 2.047,9 euros por cabeza (en total, 250 millones). El informe de los auditores públicos no reflejaba el endeudamiento a corto plazo. Los actuales dirigentes municipales se han dado cuenta de ello cada vez que alguien llama a la puerta de su despacho con una factura impagada en la mano.
El fondo de inversión, que insta al “pago inmediato de la deuda”, interpuso el pasado 8 de agosto una reclamación previa por la vía administrativa frente al Ayuntamiento, donde reclamaba el abono de las facturas impagadas. Dichas facturas, con sus derechos anejos, fueron cedidas por la sociedad Tranvía de Parla al fondo el 1 de agosto de 2013 a través de un contrato de compraventa de derechos de crédito. A fecha del pasado 6 de noviembre, el Consistorio no había dado respuesta a la reclamación de los inversores. Por esa razón, la cantidad pendiente con Sagasta Corporate era de 29,19 millones de euros: 26,6 millones “más los intereses que se devenguen hasta el efectivo pago”.
Los responsables del fondo luxemburgués cargan ahora contra la “inactividad” del Ayuntamiento “a la hora de cumplir las obligaciones”. Sagasta Corporate subraya que a la cantidad que exige “habrá que añadir la correspondiente indemnización por los costes de cobro y los intereses devengados por la cantidad líquida que se reclama hasta su efectivo cobro”.
La memoria de las cuentas de 2013 de la concesionaria Tranvía de Parla SA —formada por Globalvia Infraestructuras SA (85%) e Inversiones Corporativas SA, la antigua Caja Castilla-La Mancha Corporación (15%)— recoge que el contrato firmado el 1 de agosto entre la adjudicataria y Sagasta Corporate afectaba a facturas de Aportación a la Inversión por 70,6 millones. Esta cantidad estaba destinada a construir el tranvía. Aparte, también figuraban facturas de Aportación a la Explotación por valor de 2,3 millones. Este dinero procedía de las cantidades que el Ayuntamiento tiene que devengar al fondo para mantener el servicio diario.
Tranvía de Parla recibió del fondo de inversión luxemburgués un pago inicial de 40,7 millones en septiembre de 2013 “correspondiente al 61% del valor actual neto de los importes cedidos”, según la memoria de la contabilidad de la empresa del tranvía. Y añade: “Adicionalmente, el contrato contempla [otro] cobro de una parte variable que ascenderá como máximo a 19,7 millones en función de las fechas en las que las facturas sean abonadas” por el Ayuntamiento. Es decir, la empresa concesionaria (Tranvía de Parla) recibe pagos del fondo (Sagasta) que ha comprado su deuda. Posteriormente, el Ayuntamiento abona al fondo toda la deuda que ha adquirido del tranvía más 12 millones en comisiones. Pero esto último es lo que no se está cumpliendo, por lo que Sagasta ha denunciado al Consistorio.
Sagasta Corporate fue constituida “por tiempo indefinido” el 18 de julio de 2013 en Luxemburgo (domicilio social en el 25A Boulevard Royal, L-2449) ante el notario Martine Schaeffer, con dirección en la 74 Avenue Victor Hugo. Tiene por objeto, “fundamentalmente, adquirir, disponer e invertir en préstamos u otro tipo de activos mediante compartimentos creados a tal efecto”. Fuentes consultadas del sector inversor del Gran Ducado destacan “la dificultad extrema” para conocer quiénes están detrás de Sagasta Corporate.
El fondo se creó dos semanas antes de la operación en la que se compró la deuda. “Sagasta Corporate parece actuar bajo la fórmula de los spv [acrónimo en inglés de special purpose vehicle o vehículo especial], término con el que se suele designar a la sociedad constituida ad hoc para llevar a cabo una operación en la que la adquisición se financia fundamentalmente mediante deuda bancaria”, observan fuentes del sector.
