Espadaler prevé que no prosperarán las escuchas sin permiso judicial

El consejero de Interior y secretario general de UDC, Ramon Espadaler, auguró ayer que el Gobierno “deberá rectifica” sus planes para que el Ministro de Interior pueda decidir intervenir comunicaciones sin autorización judicial previa, porque considera que se trata de “una intolerable conculcación de derechos fundamentales”. El Gobierno plantea en su anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que Interior o el secretario de Estado de Seguridad puedan acordar por razones de urgencia la intervención de las comunicaciones en la investigación de delitos de especial gravedad sin permiso del juez.

Espadaler recordó que “no es la primera vez que el Gobierno intenta cruzar la línea roja y conculcar derechos fundamentales”. En este sentido añadió que “el caso más reciente lo tenemos en el proyecto de ley de seguridad ciudadana que, inicialmente, contenía aspectos claramente inconstitucionales, como la limitación arbitraria del derecho a manifestación y, después de muchos aspavientos, tuvo que terminar dando marcha atrás y corregir”.

El consejero “auguró” que en la ampliación de las escuchas sin autorización judicial “pasará lo mismo: el Gobierno central tendrá que rectificar”. En su opinión, la reforma legal el ministerio “obviando la garantía que representa el juez, es algo más que un despropósito: es una intolerable conculcación de derechos fundamentales”.

En declaraciones a Efe, Espadaler aseguró que “estamos ante una versión posmoderna de la patada en la puerta de la ley Corcuera”. El consejero consideró que “las intervenciones telefónicas, imprescindibles en muchos casos por la investigación policial deben continuar bajo la autorización judicial”.

Por ello, invitó al Gobierno a corregir esta cuestión antes de remitir el Proyecto de ley a las Cortes. “Sería una señal clara de que el objetivo loable de agilizar las tramitaciones judiciales no entra en contradicción con la preservación de derechos fundamentales”, dijo. A su entender, “en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, Fernández Díaz rectificó tarde y mal. Catalá [el ministro de Justicia], que en este punto ha empezado con mal pie, tiene la oportunidad de rectificar a tiempo”, concluyó.