El supuesto destierro gitano lleva a uno de sus líderes ante el fiscal

El presidente de Sociedad Gitana de Galicia, Sinaí Giménez, deberá comparecer el próximo miércoles ante la Fiscalía Superior de Galicia para declarar en la investigación abierta sobre el supuesto destierro del colectivo de gitanos castellanos asentados en el sur de Pontevedra, en los municipios de Tui y O Porriño. Además de esa comparecencia, el fiscal ha pedido a la Consellería de Educación un informe sobre la escolarización de un centenar de niños que huyeron con sus familias.

La investigación sobre el supuesto destierro de los gitanos zamoranos comenzó a raíz de una denuncia del presidente de la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos, Francisco Romero Alvite, que ya prestó declaración ante el fiscal. El conflicto surgió por enfrentamientos internos entre vendedores ambulantes de etnia gitana tras la suspensión de un mercadillo en Tui. Un grupo de feriantes, encabezados por Sociedad Gitana, inició protestas y un boicot al mercadillo alternativo, pero oros gitanos se mostraron reacios a secundar esas medidas. Giménez y los suyos culparon a cuatro pastores de la Iglesia Evangélica de perjudicar la actividad de los feriantes y de ser “traidores” y “confidentes” del alcalde de Tui, por lo que supuestamente decidieron su destierro. Varios centenares de personas, entre ellos decenas de niños que estaban en escolarizados en la comarca, dejaron también sus domicilios en apoyo a los pastores evangélicos y para denunciar la situación de presión de Giménez.

Tras la presentación de la denuncia, los clanes supuestamente desterrados volvieron a Galicia el pasado 30 de noviembre, pero a pesar de las numerosas reuniones entre ambas partes no ha sido posible un acuerdo. Por ello, este colectivo, ante el temor a represalias, ha optado por seguir sin enviar a los niños a la escuela, y no descartan volver a marcharse.

Al margen de la comparecencia de Giménez, el fiscal también ha solicitado de la Consellería de Educación un “informe detallado” sobre la escolarización de los menores afectados por el supuestos destierro. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo hoy que el caso es “complejo” y “preocupa a todas las Administraciones porque afecta a muchas personas”. También aseguró que el Gobierno gallego “cumplirá sus obligaciones” y que la Consellería de Educación está “controlando” la escolarización de los menores.

El fiscal también ha pedido información a la Guardia Civil de Tui y O Porriño sobre el conflicto. Por su parte, ambos ayuntamientos han reclamado que se adopten las medidas judiciales necesarias para garantizar la escolarización de los niños afectados así como los derechos de residencia y trabajo de sus padres.