Un juez anula las multas por protestas a dos preferentistas

Apenas 24 horas tardó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra en resolver los recursos de dos afectados por las preferentes que cuestionaban las multas que les había impuesto la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra por supuestos excesos en sus protestas de 2013 ante los políticos del PP. Las vistas fueron el jueves pasado y las sentencias se redactaron el viernes, con razonamientos muy similares en los que se indica que los atestados de la Guardia Civil eran tan vagos que no justifican las sanciones.

Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de afectados de Baixo Miño, tenía una multa de 500 euros por intentar “alterar el orden y el normal desarrollo” de la Festa do Salmón de A Estrada, sin muchas más explicaciones. Miriam Rodríguez, de la misma plataforma, recibió la misma sanción como “promotora” de una protesta en Mondariz-Balneario ante la visita del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En ambos casos, la magistrada entiende que, “con la débil descripción de la conducta” “no resulta con la debida claridad en el expediente cuáles fueron los hechos imputables al recurrente” y deja un recado contra la “oscuridad probablemente propiciada por su tramitación en masa junto con otros [expedientes] idénticos que se siguieron frente a otros participantes en el incidente pero que en este caso impedían al interesado conocer suficientemente su imputación”. Así que, “por aplicación directa de los más elementales principios de presunción de inocencia”, estima los recursos, revoca las multas y le impone las costas a la Administración.

La tramitación a granel que cuestionan ambas resoluciones es la misma de la que vienen quejándose desde hace casi un año y medio los preferentistas, fundamentalmente de las batalladoras plataformas del sur de Galicia, que suman más de 20.000 euros en multas. Como todas han sido recurridas judicialmente, las vistas en los juzgados se extenderán hasta mediados del año próximo. Uno de ellos se celebró esta misma semana. También afectaba a Xulio Vicente, esta vez por montar barullo tras un pleno municipal en Mos que acabó suspendido. La denuncia de la Guardia Civil le achacaba portar un “artefacto explosivo”. El agente no acudió a Pontevedra para ratificar su versión.

Los afectados se plantean ahora basarse en estas resoluciones para volver a impulsar una investigación penal –la primera fue archivada por la fiscalía de Vigo -contra la Subdelegación de Gobierno, a quien acusan de impulsar una campaña de acoso contra las plataformas para desactivar sus protestas.