El PP cambia su proyecto de ley para impedir a la Cámara dar créditos

El Gobierno regional (PP) ha enmendado su Ley de Cámaras, en tramitación parlamentaria, para dejar claro que, en contra el deseo de Arturo Fernández —presidente de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña—, esta corporación no podrá conceder créditos. Únicamente podrá “intermediar” ante las entidades financieras, que tienen reservada esa potestad por la norma estatal.

La futura Ley de Cámaras ha recibido sólo esta enmienda del PP (con mayoría absoluta) en la Asamblea; hay además otras 11 del PSM, 13 de IU y 13 de UPyD (partidaria de no permitir a la Cámara tampoco intermediar en créditos).

Sólo UPyD ha apostado porque la futura ley impida ser candidato a presidir la Cámara a quienes estén condenados por delito doloso, “imputados por delitos relacionados con la corrupción” o con juicio oral abierto en una causa que pueda suponer su inhabilitación.

Y que, además, se establezca el cese del presidente en estos supuestos. Arturo Fernández está imputado en el caso Bankia; ha anunciado su marcha en diciembre de la patronal por el escándalo de las tarjetas opacas de la entidad, pero seguirá sin embargo al frente de la Cámara. El PP ha explicado que no impide que un imputado dirija la Cámara porque la ley estatal no lo hace.

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 PSM e IU quieren que, en contra de lo que marca la ley estatal, no sea obligatorio para un empresario formar parte de la Cámara. Además, buscan reservar a los autónomos dos vocales de los 60 que conforman el Pleno, que se restarían a los 10 seleccionados entre personas de reconocido prestigio.

UPyD coincide, pero prefiere restarlos a los 10 elegidos entre las empresas que mayor aportación económica voluntaria hacen a la Cámara. Precisamente respecto a estos 10 vocales, PSM e IU buscan que se seleccionen entre todas las empresas que aportan dinero, y no entre las que más dinero aportan, como recoge el texto.

PSM e IU quieren además que la Cámara cuente con dinero público suficiente para financiar sus funciones públicas; que informe de las indemnizaciones a directivos en caso de cese; y que el presidente deba comparecer en la Asamblea si cualquier partido, aunque no tenga mayoría, lo exige.

IU pide que la Comunidad fiscalice los fondos privados de la Cámara, y que sea público su listado de miembros. Y UPyD desea que informe, además de sobre subvenciones públicas y sueldos a altos cargos, de sus cuentas y empleados.