Català: “Somos partidarios de una RTVV, pero este no es el momento”
El Consell acepta que se debata en las Cortes la iniciativa legislativa popular
![La portavoz, María José Català, y el consejero de Gobernación, Luis Santamaría en la rueda de prensa del Consell.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6JWJOWMKOFQVBIWBPBQPZBUR4Q.jpg?auth=582d789212c02b9f9993cf9ec88e27df225a696d6650f8d5297a3765336a056a&width=414)
El Gobierno valenciano aprobó ayer un informe favorable a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, impulsada por el comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y avalada por cerca de 90.000 firmas, reclama la recuperación de una televisión pública de calidad y en valenciano.
La portavoz del Consell, María José Català, se tuvo que aplicar para intentar reconducir las expectativas creadas el día anterior por el presidente de la Generalitat, dispuesto a negociar con condiciones la recuperación de un servicio público clausurado hace un año.
El proyecto de ley de señas de identidad incluye la ‘pilota’ y la colombicultura
Català afirmó: “Somos partidarios de una radiotelevisión pública, pero no ahora”. La consejera insistió en que el PP siempre ha querido mantener RTVV pero que se cerró porque hace un año no se podía sostener. Consciente de la confusión generada entre las propias filas del PP, la portavoz indicó que en la actualidad existe una ley en vigor y que “la extinción de RTVV se ha de producir en los próximos meses”.
Durante las numerosas explicaciones que ofreció la consejera, siempre sin desviarse del argumentario fijado, Català recordó que la ILP pasará a tramitarse como ley y que en el artículo siete del texto presentado por la comisión promotora se plantea la creación de una comisión de expertos que contribuya a definir el nuevo modelo de televisión. La ILP será tomada en consideración en un pleno del próximo diciembre y pasará posteriormente a discusión en comisión.
María José Català no quiso especular sobre cuál será el voto definitivo del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, pero admitió que cualquier nueva ley puede derogar o modificar las anteriores. La portavoz evitó pronunciarse sobre la iniciativa del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, de contratar por 3,2 millones de euros la difusión de los contenidos de informativos de la Corporación provincial a través de una TDT de ámbito autonómico.
La norma prima a entidades
En la misma reunión del Gobierno valenciano se aprobó el anteproyecto de ley de Señas de Identidad Valencianas. El consejero de Gobernación, Luis Santamaría, explicó que la ley que impulsa el Consell reconoce como señas de identidad “la lengua, los monasterios de El Puig y La Valldigna, el archivo de la Corona de Aragón, el 9 d’Octubre, Els Furs, el derecho foral valenciano, los bienes declarados patrimonio de la Humanidad, las bandas de música, el cant d’estil y el folclore valenciano, los deportes autóctonos, las fiestas tradicionales, los festejos taurinos tradicionales, las manifestaciones religiosas arraigadas en la tradición, la gastronomía y los productos autóctonos y la indumentaria típica”.
Santamaría explicó que la relación de sustantivos que se consideran parte de las señas de identidad se ha modificado para incluir la colombicultura y la pilota valenciana, pero no explicó por qué se recogen categorías generales y manifestaciones particulares en unos casos y en otros no. Según el consejero, la relación la ha elaborado la propia dirección general de Desarrollo Estatutario sin consultar ni a expertos ni a órganos estatutarios como el Consell Valencià de Cultura o la Acadèmia Valenicana de la Llengua (AVL).
Tampoco quedó clara la utilidad de la nueva ley. Al final, el consejero explicó: “No es una norma represora, ni de carácter lingüístico. Si alguien pretende hacer una campaña vejatoria contra las bandas de música lo podrá hacer dentro del derecho a la libertad de expresión, pero sin tener subvenciones públicas”. La norma lo que hace es primar a las entidades como Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana que cuestionan órganos estatutarios como la AVL.
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