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Un juez acepta el desalojo de vecinos para edificar una gran urbanización

El gobierno municipal de A Coruña recibe autorización para echarlos de sus casas tras ser expropiados de manera forzosa

Álvaro Corral, uno de los vecinos afectados por las expropiaciones, con su casa al fondo.
Álvaro Corral, uno de los vecinos afectados por las expropiaciones, con su casa al fondo.GABRIEL TIZÓN

Álvaro no se fiaba, “y con razón”, dice, del Ayuntamiento de A Coruña cuando le apremió a él y sus vecinos de Elviña a no hacer caso alguno de aquella carta llegada en pleno agosto que les advertía de que si no abandonaban de forma voluntaria sus casas, les obligarían por la fuerza. Ahora la solicitud de desalojo forzoso ha sido aceptada por un juez. El gobierno de Carlos Negreira (PP) pidió y obtuvo autorización para en 20 días echar de sus domicilios y destruirlos a seis vecinos de la margen derecha de la avenida Alfonso Molina con el fin de destinar sus solares a equipamientos públicos para los futuros habitantes de la urbanización de enfrente, llamada Parque Ofimático, cuya construcción acaba de arrancar del otro lado de la principal vía de entrada y salida de A Coruña.

Pero firme en su batalla por evitar el desahucio sin alternativa de la casa con huerta que construyó su abuelo y en la que vive con su madre, Isabel, de 72 años, y su hijo, de 26, Álvaro aún espera lograr su propósito: quedarse donde está y como estaba antes de la expropiación “por la fuerza” que les obligó a cambiar su propiedad por “otra con cargas y sin vivienda”. Recurrirá, antes de 15 días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esa orden de desalojo que no es firme. Y continuará por la vía administrativa esperando respuesta a sus alegaciones contra la expulsión forzosa para una urbanización colateral de unas 1.300 viviendas promovida por la Xunta y que suma ya dos décadas de rocambolescas modificaciones, continuas denuncias judiciales y un sinfín de obstáculos.

Las dos vías, tanto judicial como administrativa, están aún abiertas, corrobora María Domínguez, la abogada de cuatro de la docena de familias afectadas por la expropiación de sus casas para dotar de equipamientos o de comunicación viaria a la futura urbanización. Ni Álvaro, ni sus vecinos vieron un céntimo de la indemnización con la que la Xunta les compensó, supuestamente, por la expropiación forzosa. Isabel, pensionista con una renta mensual de 600 euros, no recibió ni un céntimo de los 197.000 euros que teóricamente le dio la Xunta por la casa de dos alturas en la que nació y vive así como por los árboles frutales de su huerta.

El dinero fue retenido por el Ayuntamiento para cubrir gastos de urbanización del futuro Parque Ofimático, o sea, dotarlo de aceras, calles, farolas y demás. Y el solar de 500 metros cuadrados que también le dieron, como compensación, en el entorno de la nueva urbanización “tampoco vale nada”, explica su hijo, porque ni tienen dinero para construir nada allí, ni ningún promotor lo quiere. Que estos afectados, la mayoría jubilados sin más rentas que una exigua pensión, sean expropiados y desalojados por la fuerza sin alternativa alguna es uno de los muchos argumentos que llevarán en su recurso ante el alto tribunal gallego. El Ayuntamiento de A Coruña guarda silencio por el momento. E intenta dividir negociando con algunos vecinos su marcha voluntaria a un piso de alquiler social.

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