Las universidades aprueban acuerdos ‘ad hoc’ para bajar la deuda del Consell

Ayer comenzó a concretarse el acuerdo entre las universidades públicas y la Generalitat para reducir la deuda histórica que el Consell tiene contraída con aquéllas. El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, fue el primero en recibir el respaldo de su consejo de gobierno al convenio que firmará con el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y la consejera de Educación, María José Català.

 De acuerdo con el “convenio para la financiación de gasto corriente y de inversiones”, que ayer autorizó el órgano decisorio de la Universitat de València, la Generalitat asumirá la titularidad de parte de la deuda financiera contraída por la mayor de las universidades públicas valencianas. Es decir, aquella que es susceptible de cambio de titularidad, por un importe de 79.077.810 euros. De esta cantidad, el grueso, 65 millones, corresponde a pólizas de crédito contraidas con distintas entidades bancarias para afrontar gastos. Algo más de 14 millones corresponden a préstamos suscritos por la universidad. Asimismo, la Generalitat asumirá un préstamo de casi 35 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, que sirvió para financiar infraestructuras docentes, a lo largo del período 1995-2004.

Según el vicerector de Economía e Infraestructuras, Juan Luis Gandia, el nuevo convenio establece que la Generalitat asumirá estas obligaciones financieras, que suman 114 millones de euros, con efectos de 31 de diciembre de 2014, lo que mejorará su situación de liquidez.

En segundo lugar, la Generalitat financiará también equipamientos educativos por importe de 13 millones, detallaba la institución en un comunicado. La inversión “se ejecutará en el período 2015-2017”, de manera que la menor carga (algo más de un millón) correspondería al primer año y la mayor (más de siete millones), al segundo. A tal efecto, el Consell hará constar una línea de subvención nominativa en el capítulo de transferencias de capital, que primordialmente debe servir para construir y equipar una clínica veterinaria.

En tercer lugar, se modifica el convenio firmado en 2008 y ya retocado en 2011 para reprogramar, una vez más, las restantes cantidades pendientes de pago para liquidar esa “deuda histórica” hasta 2022. La Generalitat articulará una línea de subvención nominativa en el capítulo de transferencias corrientes para reprogramar las anualidades hasta esa fecha. Estas cuantías irán de menos a más, de los 15 millones de 2018 a los 30 de 2022; se abonarán, “de forma lineal y mensual, junto con la subvención ordinaria” resultante del Plan Plurianual de Financiación, y se incorporará cada año a la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

Al de de València seguirán el jueves los consejos de gobierno de la Universidad de Alicante y la Jaume I. Antes del 15 de noviembre lo harán la Politécnica y la Miguel Hernández. La firma con la Generalitat se prevé la segunda quincena de ese mes. Cada una modificará su convenio para saldar parte de la deuda del Consell según sus necesidades específicas y para reprogramar la deuda pendiente.

Por otra parte, en los rectorados de las universidades públicas se detectaba ayer el malestar por el procedimiento, la oportunidad y los contenidos de la anunciada ley de señas de identidad del Consell, en la que, según el consejero de Gobernación, Luis Santamaría, “se dará una especial relevancia a la lengua valenciana como principal seña de identidad”. Los rectores entienden que no puede orillarse a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y al Consell Valencià de Cultura y entienden que el tema de la lengua está resuelto jurídica, científica y normativamente.