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El juez amplía la investigación de Brugal a la gestión de Luisa Pastor

La presidenta de la Diputación de Alicante readjudicó el plan zonal a Ortiz en 2012

La presidenta alicantina Luisa Pastor, seguida de la diputada Mónica Lorente
La presidenta alicantina Luisa Pastor, seguida de la diputada Mónica Lorente

La juez que instruye el caso que tumbó al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, libró el pasado miércoles un oficio para conocer la gestión realizada por su sucesora, Luisa Pastor, respecto al contrato para la gestión del plan zonal de residuos de La Vega Baja.

La magistrada Rosa María Villegas, del juzgado de instrucción número tres de Orihuela, investiga la pieza del caso Brugal en la que la policía apunta a una supuesta connivencia para adjudicar el plan zonal entre el anterior presidente provincial y el empresario Enrique Ortiz, participante de la unión temporal de empresas (UTE) que se quedó en 2008 con esta contrata por valor de cientos de millones. Según la policía, Ripoll habría obtenido 1,3 millones de euros sin justificar tras la concesión del contrato a Ortiz.

La juez demanda ahora a Pastor que “en el plazo más breve posible” remita copia electrónica de todo acto posterior al 17 de diciembre de 2012, fecha en la que la mesa de contratación del Consorcio de Basuras de La Vega Baja decidió readjudicar el contrato a la misma UTE, constituida por Cespa y una empresa de Ortiz, también imputado junto a Ripoll en la pieza que instruye Villegas.

La Administración provincial ha mantenido un rumbo errático respecto a un plan que prevé la instalación de un macrovertedero en Albatera y una planta de transferencia de basuras en Cox para 250.000 toneladas de basura: primero ha rescatado una contrata investigada por la justicia para después cancelarla. La presidenta de la Diputación ha pasado de defender a ultranza el plan a querer liquidarlo.

El epicentro de una macroinvestigación

R. Esquitino

Las basuras de La Vega Baja son el origen del caso Brugal, el epicentro de una macroinvestigación que cruzó de norte a sur la provincia de Alicante llegando a tener más imputados que la operación Malaya, archifamosa intervención que puso patas arriba el Ayuntamiento de Marbella (Málaga). El caso Brugal nació con una denuncia a la fiscalía del conocido empresario Ángel Fenoll, quien denunció en 2006 que podía perder la gestión de los residuos de Orihuela por un supuesto soborno. La policía empezó a intervenir teléfonos y arrancó un caso que abriría en canal a la provincia de Alicante y al Partido Popular.

De la basura oriolana, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera pasaron a escuchar cómo Fenoll trataba con el empresario Enrique Ortiz y cómo este presuntamente orquestaba con el presidente alicantino, José Joaquín Ripoll, la tramitación de la contrata de basuras de una comarca que hoy es la única de la Comunidad Valenciana sin plan de residuos. Tirando del hilo de Ortiz, se llegó a la trama del urbanismo de Alicante, incluso se saltó a la de las basuras de Calp.

El caso Brugal se dividió en una veintena de causas, cuatro de ellas están todavía instruyéndose y afectan a las basuras oriolanas, al plan zonal y, dos de ellas, al urbanismo de Alicante. El constructor Ortiz está imputado en tres de ellas. Las escuchas fueron un terremoto de imputaciones para el PP: la exalcaldesa oriolana, Mónica Lorente; Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante; y Ripoll, hoy presidente del puerto de Alicante, quien dimitió presionado por su partido y afronta cinco supuestos delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias.

Al margen de que los impulsores de la contrata estén imputados por Villegas, Pastor siempre se ha agarrado a una sentencia de 2010, reafirmada en 2012, en la que la magistratura de Alicante decidió que el plan había de implementarse en Albatera y Cox después de que Ortiz intentara instalarlo en la pedanía oriolana de Torremendo. En aquella sentencia, según la documentación del consorcio, “cualquiera de las partes y personas afectadas en dicho expediente, podrá instar su ejecución forzosa” del plan.

Y nadie instó a la ejecución, según fuentes del caso. Entre una fuerte resistencia vecinal y la de muchos alcaldes, fue la propia Pastor la que quiso seguir la tramitación tal cual estaba. Es decir, continuaría con la adjudicación del plan en favor de Cespa-Ortiz pese a las voces que pedían retirar un plan judicializado. En diciembre de 2012 la mesa de contratación del consorcio readmitió a la UTE como concesionaria y en marzo de 2014 firmó el acuerdo.

El cambio de voluntad respecto al plan zonal se produce cuando el pleno provincial pide un estudio para valorar la rescisión del contrato a la Universidad Carlos III de Madrid. Pastor ya había hecho lo propio con la Universidad Jaume I de Castellón, aunque no fue publicitado. Los dos concuerdan en que es viable liquidar el contrato por incumplimiento de la UTE, que no tenía los terrenos donde instalar las instalaciones cuando obtuvo la contrata, si bien el estudio encargado por Pastor deja una puerta abierta a una posible responsabilidad de Cox y Albatera, que se resistieron a dar permisos.

El viraje de la presidenta no deja de sorprender porque su defensa del plan en 2013 es clara: en una reunión del 29 de julio llega a amenazar con dimitir si Cox no admite la planta de transferencia. En la misma reunión, como consta en acta, la secretaria de la Diputación, Amparo Konincks advierte a Cox de un posible “fraude de ley”. Pastor defiende que todos los pasos seguidos se han centrado en no dar oportunidad alguna a la empresa adjudicataria para reclamar un dinero por tener derechos sobre la contrata. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Orihuela, el único en la comarca no gobernado por PSPV o PP, creen que se está favoreciendo una posible indemnización para Ortiz. Y la juez quiere saberlo todo.