El fiscal archiva las pesquisas sobre los gastos del grupo del PSOE en Ourense

Se falsificaron justificantes pero este proceder no es delictivo. La fiscalía ha archivado su investigación sobre los gastos del grupo municipal del PSOE en Ourense, aunque ha detectado documentos falsos elaborados para justificar el destino de los 72.000 euros públicos que recibe la agrupación para su funcionamiento interno y que en 2012 sirvieron para pagar botellas de ron y ginebra, marisco, copas en chiringuitos de playa de Mallorca, almuerzos en Toledo o Ciudad Real e incluso en una fiesta en casa del exalcalde, Francisco Rodríguez, en la que se celebró su puesta en libertad bajo fianza. Dos años antes de ese dispendio, 21.000 euros públicos del grupo socialista fueron a parar al bolsillo del exjefe de Recaudación del Ayuntamiento, condenado a devolver 30.000 euros sustraídos de las arcas municipales por una negligencia en la custodia de caudales. Y según concluye la investigación, los socialistas adivinaron cómo debía devolver ese dinero.

En junio de 2010, el Tribunal de Cuentas fraccionó el reintegro en dos cantidades de 8.319 y 13.195 euros, a reembolsar el último día de junio y el último día de septiembre respectivamente. Pero según un documento firmado por el exalcalde Rodríguez, los socialistas y el funcionario ya conocían en enero de aquel año las cantidades y las fechas que el tribunal acordó cinco meses después. Basándose en las pruebas practicadas, la fiscalía ha concluido que ese papel es falso y que fue elaborado para justificar un “préstamo exótico a un funcionario con un gran patrimonio”, un proceder que, sin embargo, no es delictivo ya que se trata de una “falsedad ideológica” entre particulares que dejó de ser punible con el Código Penal de 1995. También se ha determinado que el dinero prestado no comenzó a ser devuelto hasta que el préstamo se hizo público.

Ahora y tras meses de indagaciones, la fiscalía acaba de archivar el caso. Los investigadores advirtieron un posible delito de malversación de caudales públicos que finalmente no ha sido demostrado. El núcleo de sus sospechas recayó en la contratación de un asesor —un miembro de la ejecutiva local del partido— que habría realizado funciones propias de personal al servicio de la corporación municipal, una práctica expresamente prohibida en la legislación. Según el listado de movimientos bancarios, sus costes laborales diluyeron unos 180.000 euros públicos, la mitad de todos los fondos públicos que recibió el PSdeG ourensano durante un lustro. Su correo electrónico incluso figuraba como contacto en la cuenta bancaria de la que no era titular.

El asesor, Antonio Vallejo, cuyo despacho estaba ubicado frente al del alcalde y no junto a las oficinas de los restantes grupos políticos, prestó declaración durante la instrucción y negó las sospechas de la fiscalía. Los ediles que también fueron llamados durante la causa no supieron detallar en qué proyectos les había asesorado exactamente. Tampoco fue hallado ningún documento firmado por Vallejo, ni como asesor socialista ni como supuesto asesor del Gobierno local. La investigación no ha revelado indicios delictivos en el uso de estos fondos públicos para sufragar gintonics o comidas a cientos de kilómetros del Ayuntamiento, ya que la legislación vigente solo prohíbe que sean empleados para financiar al partido, a personal al servicio de la corporación y para la compra de de bienes que puedan ser activos fijos. Estos gastos, que figuran en los justificantes de los socialistas y que fueron difundidos por varios medios de comunicación, desataron una gran crisis política que terminó con la expulsión del asesor investigado por la fiscalía.