Comerciantes y vecinos chocan por el corte al tráfico del centro
El Ayuntamiento negocia medidas para minimizar el impacto de las restricciones
El anuncio del Ayuntamiento de Madrid de que el próximo 1 de enero restringirá el tráfico en el centro de la capital, permitiendo el acceso a la mayoría de calles únicamente a los vecinos del barrio, ha despertado preocupación y una oposición sin precedentes entre asociaciones de comerciantes y empresarios.
Pese a que la medida ya está en vigor en los barrios de Embajadores y de Las Letras, con pleno beneplácito de los vecinos, y a que han sido precisamente los residentes de las zonas a las que ahora va ampliar la restricción el Ayuntamiento los que con más vehemencia lo han pedido, la puesta en marcha de la nueva Área de Prioridad Residencial (APR) en Ópera y Sol debe someterse aún a arduas negociaciones por parte de los responsables locales de Medio Ambiente.
La reunión mantenida el pasado jueves con asociaciones vecinales y de comerciantes, avanzada por el diario Abc, en la que estuvieron presentes el concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, y el edil de Centro, David Erguido, ilustró la fuerte controversia que ya había adelantado la oposición pública del presidente de los empresarios, Arturo Fernández, y el de la Confederación de Comercio, Hilario Alfaro. Este último aseguró en septiembre, después de que EL PAÍS adelantara el plan del gobierno de Ana Botella: “No creemos que una solución para mejorar de accesibilidad consista en la restricción del tráfico, sino en la ampliación de aceras o peatonalización de calles estratégicas; siempre conciliando los intereses de comerciantes, hosteleros, hoteles, empresas de transporte y aparcamiento, ciudadanos y residentes”.
Los vecinos son precisamente los que con mayor ahínco defienden una medida que supone cerrar al tráfico un área de 190 hectáreas, que se sumaría a las 162 en las que ya está restringido en Centro. 22 cámaras vigilarán que sólo los vecinos puedan callejear por esa área, reduciendo así más de un tercio el tránsito de coches, puesto que el resto de vehículos privados sólo podría circular por las grandes arterias so multa de 90 euros.
La asociación de vecinos de Cavas y Costanillas arremetió en junio contra el Ayuntamiento ante la posibilidad de quedar excluida de la nueva APR, al considerar que el diseño inicial del Ayuntamiento convertía su barrio en “lugar de paso de vehículos”, condenándolo al “absoluto abandono y desprotección”.
El plan municipal inicial era restringir la circulación en un área de 50 hectáreas entre Gran Vía, Sol y las calles Mayor y de Bailén. Ese perímetro entrará en funcionamiento el 1 de enero; las condiciones de la ampliación hasta la ronda de Segovia serán negociadas con los comerciantes para recoger sus propuestas.
Por ejemplo, según fuentes asistentes a la reunión del jueves, que se avise a los conductores si los 13 aparcamientos encerrados en el área restringida están llenos antes de entrar al perímetro y arriesgarse a la multa. O que se modulen los horarios y condiciones de la carga y descarga, y los permisos a coches que acudan a visitar o prestar servicios a los vecinos. De aquí a final de año, los técnicos municipales se reunirán con todos los afectados para negociar las condiciones de la APR y cerrar así su diseño definitivo.
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