Las marquesinas antiguas de la EMT se reutilizarán en otras ciudades

“En Madrid se están sustituyendo las marquesinas de las paradas [de autobús], cuando están en buen estado. ¿Quién ha evaluado las prioridades del gasto? Estamos tan escarmentados que en cualquier obra vemos la corrupción y nos preguntamos ¿cuánto se habrán llevado algunos?”, criticaba un lector en una carta a EL PAÍS el domingo.

Un 25% de las 4.260 marquesinas han sido sustituidas ya por otras nuevas en una mudanza que comenzó en julio y concluirá a inicios de 2015. ¿Por qué? ¿Era necesario? ¿Cuánto ha costado? Según fuentes municipales, era imprescindible. En primer lugar, para no dejar Madrid sin marquesinas. El entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP, 1991-2003), adjudicó su gestión a la empresa Cemusa —propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)— en marzo de 1996 por 47,1 millones de euros y un periodo de 15 años prorrogables hasta 2014. El contrato estipulaba que estos elementos urbanos (2.750 entonces) se los quedaría FCC al expirar el acuerdo. Algunos serán desguazados, pero gran parte seguirán prestando servicio en otras ciudades, según fuentes empresariales.

A principios de 2014, el Ayuntamiento licitó un nuevo contrato por 151 millones de euros y un periodo de 13,5 años (prorrogable hasta 2033). Lo ganó Cemusa (aliada con El mobiliario urbano SL, propiedad de JC Decaux), que se ofreció a pagar al Ayuntamiento 163 millones de euros.

FCC vendió Cemusa a JC Decaux por 80 millones en marzo, pero la operación sigue supeditada al plácet de las autoridades de competencia. Las marquesinas antiguas se las repartirán a partes iguales FCC y JC Decaux.

Cemusa se está encargando ya de poner las nuevas marquesinas y de mantenerlas a coste cero para las arcas municipales, a cambio de explotar la publicidad que exhiba en ellas. Así, el Ayuntamiento obtendrá unos 10 millones de euros al año, más una cantidad variable en función de lo que se facture en publicidad.

Ese dinero no lo ingresará realmente el Ayuntamiento sino la Empresa Municipal de Transportes (EMT), a la que se cedió la competencia para adjudicar el contrato en un intento de blindar su situación económica.

La EMT lleva registrando pérdidas desde 2011, pero el año pasado fueron millonarias. Ante la tesitura de aprobar un plan de ajuste que pudiera afectar a la plantilla (8.200 empleados), el Ayuntamiento decidió hace un año reforzar la EMT con la gestión de las grúas y aparcamientos públicos, que hasta entonces llevaba la empresa municipal Madrid Movilidad, y con el contrato de marquesinas.

La nueva adjudicación incluye el cambio de 4.260 marquesinas. Sólo se mantendrán otras 220 de modelos diferentes, instaladas en el paseo del Prado (15 cubos de cristal diseñados por el arquitecto Álvaro Siza dentro de un concurso internacional de 2010 para renovar ese eje), en el paseo de la Castellana y en intercambiadores de transporte (205 unidades de acero).

El nuevo modelo de marquesina mantiene los servicios del anterior (reloj y termómetro electrónicos, y contenedores de reciclaje de pilas en algunas), y añade otros adicionales. El más polémico es una barra en el asiento que algunos ciudadanos han interpretado como un obstáculo para evitar que personas sin hogar se tumben. Fuentes municipales explican que se trata de un reposabrazos para facilitar el asiento a las personas con movilidad reducida; añaden además que su incorporación viene obligada por el Real Decreto 1544 de 2007. Esa norma dicta: “Los asientos agrupados o individuales tendrán reposabrazos al menos en su lateral exterior”. Es decir, colocarlo en el centro del banco no era obligatorio por ley.

En la actualidad, hay 350 marquesinas con paneles electrónicos que muestran el tiempo de espera; con el nuevo contrato serán 800, lo que según fuentes municipales dará servicio a ocho de cada 10 viajeros en al menos una de las paradas de las que usan a diario. Además, habrá 250 con conexión a Internet inalámbrica gratuita (wi-fi); ya la hay en los 1.900 autobuses de la flota de la EMT. El servicio lo presta Telefónica a una velocidad de 256 kilobytes por segundo. Antes de su hundimiento, lo patrocinaba la empresa Gowex, por lo que legalmente podía ir al doble o triple de velocidad.

El nuevo contrato estipula que, al expirar, las marquesinas se las quedará el Ayuntamiento.