Madrid tiene la mitad de barrenderos pero el Ayuntamiento dice que está limpia

¿Está sucia Madrid? ¿Está más sucia que hace un año? ¿O que hace cinco? ¿Está más sucia que otras urbes de similar tamaño, o lo que es lo mismo, está más sucia de lo que es normal con 3.166.000 habitantes y 650.000 veraneantes?

Más allá de la percepción subjetiva de los madrileños (el escritor Javier Marías asegura que es “la ciudad más guarra de Europa, una pocilga repugnante”, pero ya en 2005 decía que era la menos pulcra, cuidada y agradable, existe dos indicadores más o menos fiables: el número de trabajadores que se encargan de la limpieza viaria, y las multas que el Ayuntamiento impone a las empresas responsables por incumplir sus obligaciones contractuales. El problema es que ambos testigos ofrecen datos contradictorios.

Las quejas de los vecinos en las redes sociales tampoco son una novedad. Arrecian al menos desde 2010, cuando el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), comenzó a recortar el presupuesto de limpieza viaria. Las protestas son más intensas en verano (julio, agosto y septiembre) porque es cuando los trabajadores cogen vacaciones y, desde 2010, no se cubren sus ausencias.

Hasta el año pasado, el Ayuntamiento obligaba por contrato a que hubiera un número mínimo de empleados (8.800, según el recuento realizado por el PSM a partir de los pliegos). En verano de 2013, se licitó un nuevo contrato en el que, en vez de incluirse ese requisito, se crearon 68 indicadores de calidad (baldeo de calles, vaciado de papeleras, etcétera) que, en caso de incumplimiento, conllevarían penalizaciones.

El Ayuntamiento adjudicó el contrato a OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial, que ofrecieron rebajas superiores al 20% sobre el precio de licitación. En septiembre, OHL, Sacyr, FCC anunciaron un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 1.134 trabajadores. Una huelga de 13 días en noviembre evitó los despidos, pero no un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que estará en vigor hasta 2017.

El resultado, según denuncian Comisiones Obreras y UGT, es que, sobre una plantilla estimada en 6.500 trabajadores, cerca de 2.000 no salen cada día a la calle debido al ERTE. Las empresas han declinado confirmar estas cifras, que el Ayuntamiento no niega y que apuntan a que el número de empleados de limpieza viaria se ha reducido casi a la mitad respecto al contrato anterior.

Eso debería conllevar un empeoramiento del servicio, tal y como denuncian que ha ocurrido oposición (PSM, IU y UPyD) y sindicatos. Sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado por Ana Botella (PP), esgrime que los indicadores de calidad, más o menos objetivos, indican lo contrario.

Las penalizaciones a las contratas detrajeron en junio el 3,8% del pago mensual comprometido (el máximo es el 20%), una cifra similar a la de meses anteriores e inferior a la de enero (5,4%). Es decir, las multas por incumplir la obligación de mantener Madrid limpia son cada vez menores.

¿Se deduce de ello que Madrid está cada vez más limpia? En la medida de que sólo hay 360 inspecciones al día en toda la ciudad, y que no se puede comparar con el contrato anterior a verano de 2013 porque antes de esa fecha no existían los indicadores.

Botella hizo ayer “una valoración satisfactoria”, pero evitó decir que Madrid está limpia. Hace un año aseguró: “Nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto que nos estamos esforzando en mantener”. Ayer, prefirió insinuar que Madrid está todo lo limpia que puede pagar: “Nos planteamos que los servicios públicos fueran sostenibles, nunca los gastos corrientes pueden ser mayores que los ingresos”. Es decir, tras ajustar el presupuesto a la deuda que Gallardón contrajo (quedan 6.200 millones, tras haber pagado “3.000 millones en tres años”, admitió ayer la alcaldesa sin contar intereses), el dinero que queda permite pagar la limpieza viaria que hay y nada más.

Ayer, el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, recordó que los madrileños no quieren que se multe a las empresas por no limpiar sino que se las obligue a limpiar, y pidió un plan de choque para adecentar la ciudad. Raquel López (IU) añadió: “Nosotros no queremos un plan de choque sino echar a las empresas para que el servicio sea público”. David Ortega (UPyD) criticó el “pésimo servicio” de unas empresas a las que “interesa porque ganan dinero haciéndolo peor”.