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IU cuestiona la regularización de las 25.000 viviendas anunciada por Díaz

Los ecologistas critican que la Junta ofrezca “impunidad” a los constructores

Construcciones en suelo rústico de la Axarquía malagueña. Ampliar foto
Construcciones en suelo rústico de la Axarquía malagueña.

El cambio de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitirá regularizar unas 25.000 viviendas levantadas ilegalmente no ha generado este jueves consenso en el Parlamento. Esta medida —anunciada por la presidenta Susana Díaz en el debate del estado de la comunidad— ha salido adelante sólo con el apoyo del PSOE. Izquierda Unida, que gobierna en Andalucía con los socialistas, ha votado en contra. El PP se ha abstenido, lo que ha permitido que se aprobara la propuesta.

La Consejería de Medio Ambiente ha defendido que la modificación no supondrá una “amnistía” ni una “legalización”. Se trata, según fuentes de este departamento, de incluir en el decreto de 2012, que aspiraba a regularizar 250.000 casas, el caso concreto de edificaciones aisladas que tenían imposible acogerse hasta ahora a esa norma. El artículo 185 de la LOUA fija que las faltas administrativas caducan a los seis años. Pero no hay prescripción en el caso de una “parcelación urbanística [división de unos suelos para construir más de una casa] en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable”. Esto será lo que se cambie para que las viviendas en parcelaciones puedan obtener dotación de agua y luz. Se trataría de edificaciones que no están incluidas dentro de las grandes urbanizaciones ilegales que hay repartidas por Andalucía. La medida afectará, principalmente, al levante almeriense y a la Axarquía malagueña.

Izquierda Unida no descarta apoyar una salida para esas casas

El rechazo de IU a esta propuesta no es definitivo, ya que este grupo se muestra dispuesto a cambiar la ley urbanística pero con sosiego. La portavoz de Vivienda de IU, Inmaculada Nieto, ha considerado que el anuncio de Díaz fue “precipitado” y que la propuesta carece de un contenido concreto. “Este problema hay que resolverlo de manera detallada y definitiva y necesita de un estudio pormenorizado”, ha dicho. Esta diputada ha asegurado que conocía la “intención” de sus socios por solucionar la situación de estas viviendas, pero ha negado que IU fuera informada de que la presidenta fuera a comunicarlo en el debate de la comunidad. Fuentes del Gobierno andaluz han negado esta versión y han asegurado que IU conocía lo que iba a decir la presidenta ya que fue informada, por escrito, a través del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. Los socialistas atribuyen el voto negativo de IU a diferencias internas en la federación.

Francisco Conejo, secretario de Política Institucional del PSOE, ha defendido que la propuesta evitará situaciones de “discriminación”. La medida, ha sostenido, “beneficiará sobre todo a aquellos propietarios que habían segregado sus parcelas para garantizar que cada uno de sus hijos pudieran construir una vivienda” y a los extranjeros que adquirieron una casa en esta situación en las zonas más turísticas.

Ecologistas en Acción, que ya se opuso en 2012 al decreto general de regularización, ha acusado a la Junta de “modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los intereses de los que las han infringido”. También, de garantizar “la impunidad para los constructores y propietarios de viviendas ilegales”.

Por su parte, el portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, ha pedido prudencia sobre la propuesta de modificación de la LOUA. En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Bendodo ha recordado que “la Junta anunció en diciembre de 2011 que se iban a regularizar 11.000 viviendas” en Málaga. En su opinión, se crearon “muchas expectativas, mucha ilusión en los propietarios y a día de hoy no ha habido nada”.

Tras el debate sobre el estado de la región, los partidos han presentado 105 propuestas. Se han aprobado 65, 34 del PSOE, 30 de IU y una del PP, que aboga por “alejar del debate partidista” la violencia machista.