Alcaldes del PP ponen en evidencia a Català

La “normalidad” a la que se refiere la consejera de Educación María José Català ante las protestas por el calor en las aulas, no es compartida ni siquiera en su propio partido. Tres alcaldes, alguno de ellos tan significado como César Sánchez, vicesecretario general del PP a la vez que edil de Calp, la pusieron ayer en evidencia al abrir el diálogo con directores de centros y asociaciones de padres locales e invitándole implícita o explícitamente a que tome medidas ante esta situación.

 Sánchez se reunió con los directores de los centros de enseñanza de la población y recomendó suspender las clases a partir del mediodía. También Ana Kringe, su homóloga en Dénia, se citó con los directores de los tres institutos de secundaria de la ciudad para conocer de primera mano no solo “la problemática situación de calor que están sufriendo”, sino también “las dificultades con las que se han encontrado al inicio de curso derivadas de la aplicación de las nuevas normativas”, es decir, de la LOMCE y del cambio de calendario.

El primer mandatario de Xirivella, Enrique Ortí, fue más allá al transmitir a Català por carta “el malestar de las diferentes asociaciones de padres de alumnos” de su municipio “tras las altas temperaturas que se están registrando estos días en las aulas”. Ortí pide además a la consejera que tome las medidas necesarias para “paliar en lo posible las adversas condiciones en que se están desarrollando las clases en muchos centros”. Es decir, Ortí expresaba más o menos lo que pedían los estudiantes que ayer protestaban en la calle o en los patios de los centros.

Solo parecieron salir en su apoyo Nuevas Generaciones de Castellón, con una campaña contra “los profesores que en lugar de educar animan a manifestarse contra el Gobierno”, porque consideran que “no son realmente profesores”.

En lugar de criticar al profesorado, Ximo Puig, secretario general del PSPV, invitaba a Català a “acordar un calendario escolar con la comunidad educativa que se ajuste” al clima y calificaba el adelanto del inicio del curso escolar de “error grave” del Consell. Puig planteó la necesidad de estudiar la situación de los centros escolares que no cuentan con los sistemas de ventilación o refrigeración adecuada para dar clases “en condiciones”, de manera que se puedan arbitrar las soluciones adecuadas en cada caso.

También el síndic de Compomís en las Cortes Valencianas. Enric Morera, pidió a la consejera de Educación “sentido común” y “diálogo”, que “escuche a los afectados y que adopte medidas”. La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz aseguró que, ante el “caos” originado en los centros, la consejera debía dimitir.

Mientras tanto, María José Català aseguraba que desde su departamento “se está en permanente contacto con todos los organismos competentes, sanidad, salud pública y trabajo” y que las situaciones detectadas no suponen “ningún riesgo para la salud ni justifican una suspensión de las clases”.