El PSOE reclama que Baltar devuelva el coste de los enchufes

Los 104 contratados a dedo por los que fue condenado por prevaricación el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar costaron 696.666 euros a las arcas de la institución provincial. Así consta en el informe de Intervención del propio organismo en los que se basó la demanda judicial del PSOE que la sentencia no ha tenido en cuenta. Los socialistas, autores de la denuncia ante la fiscalía que derivó en el juicio y condena penal del autodenominado cacique bueno, presentarán la próxima semana un recurso contra el pronunciamiento de la sentencia que exime de responsabilidad civil a Baltar.

La juez condenó Baltar a una pena de inhabilitación reclamada por la fiscalía y la acusación. Aseguró que Baltar se había servido de la Diputación “como si se tratara de su empresa privada”, pero desestimó la petición del letrado del PSOE, José Arcos, que demandaba que el expresidente reembolsara a la institución los cerca de 700.000 euros “que costaron a todos los ourensanos un capricho personal realizado de forma delictiva”. González justificó su rechazo a la petición de la acusación señalando que no constaba prueba del coste económico para la institución del centenar de los contratos ilegales. El PSOE, que aporta el informe económico de la interventora, cree que la Audiencia ourensana atenderá ahora su petición.

“No nos inventamos la cantidad que reclamamos, está documentada por la propia Diputación”, esgrime Arcos. El abogado del PSOE, que además de la imputación por prevaricación por la que finalmente fue condenado el cacique pedía otra por malversación —implicaba cárcel— que fue desestimada por el juez de instrucción, se muestra satisfecho con la condena penal de inhabilitación, “la única posible”, pero no así con la exención de la civil subsidiaria y sostiene que recurre “por una cuestión de coherencia”.

No será el único recurso. El letrado de Baltar ha pedido ya el CD del juicio con vistas a preparar el suyo, ya anunciado, contra la sentencia condenatoria. “Decía que no le importaba nada la denuncia porque ya se había inhabilitado él mismo, pero se ve que sí porque va a luchar por evitarla”, sostienen el portavoz socialista en la Diputación, Ignacio Gómez, convencido de que “no prosperará” el último intento del cacique “por lavar la imagen de su hijo, el realmente beneficiado con su delito”.