El impago del Consell pone al límite a las empresas de servicios sociales

Para algunos de ellos, seguir trabajando es perder dinero. Las nóminas llegan con retraso, sus empresas han tenido que apretarse el cinturón y muchas les han obligado a bajarse el sueldo. Sin embargo, la deuda cada mes va creciendo.

Los impagos de la Generalitat están poniendo en situación límite a las empresas que cubren los servicios sociales, en especial las que atienden a los dependientes y a las personas mayores. La falta de cobro también la sufren, entro otros, miles de familias que compraron una vivienda y centenares de dependientes que este año han tenido que hacer frente al copago.

El Consell paga con retraso y las empresas, sobre todo las más pequeñas, no tienen liquidez para abonar las nóminas. “Ya se ha sobrepasado el límite, es indecente que no estemos cobrando”, aseguró ayer Asunción Muñoz, delegada sindical de CC. OO. en APSA (Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante), cuya plantilla está formada por 320 personas que llevan más de cuatro meses sin cobrar.

Los trabajadores presentaron una queja ante la Consejería de Bienestar Social reclamando el pago de 1,5 millones de euros correspondientes a las últimas cuatro nóminas. “Nos bajaron el sueldo un 20%, y ahora estamos trabajando sin cobrar cinco meses, si contamos agosto”, se quejó Muñoz.

Los 80 trabajadores de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Villena (Apadis) tampoco cobran. Uno de los afectados, Juan José Sánchez, leyó un manifiesto conjunto en el que recordaron que la Consejería de Bienestar Social se comprometió a pagar el 30% del segundo trimestre en junio, “después dijeron que en julio y más tarde que en agosto. Y estamos a 27 de agosto y los trabajadores no hemos cobrado nada”, aseguró.

Junto a estos impagos procedentes de las consejerías de Bienestar Social, de Economía, Industria, Turismo y Ocupación y de Hacienda, también arrastran una deuda del Servicio de Empleo (Servef). Ya que no han recibido ninguna cantidad correspondiente a los centros especiales de empleo, ni del 50% pendiente de 2013, ni nada de 2014.

La delegada sindical de la APSA incidió en que la mayoría de los trabajadores de su asociación son personas con discapacidad intelectual, por lo que “sin las ayudas del Servef es muy complicada la inserción laboral”.

Por todo ello, los trabajadores exigieron el pago “inmediato de todas las subvenciones pendientes”, así como que “se realicen rápidamente todas las acciones necesarias entre las diferentes administraciones para que cumplan su responsabilidad y se coordinen de inmediato” para saldar su deuda.